El exfiscal supremo Avelino Guillén señaló que la investigación a los hermanos Jorge y Frank Chávez Sotelo ha permitido acumular un conjunto de elementos probatorios que justifican su detención preliminar.
Lima, 01 de Abril 2019, (ANDINA).- El exfiscal supremo Avelino Guillén señaló que la investigación a los hermanos Jorge y Frank Chávez Sotelo ha permitido acumular un conjunto de elementos probatorios que justifican su detención preliminar y pedido de prisión preventiva.
“Esta investigación ya tiene un buen tiempo, empezó el 2016 y la fiscalía ha acumulado un conjunto de elementos probatorios que determinaron su detención y una investigación a fondo”, precisó.
El Juzgado de Investigación Preparatoria de Cotabambas reanudará mañana la audiencia de evaluación del pedido de prisión preventiva de 36 meses presentado por el Ministerio Público contra los hermanos Jorge y Frank Chávez Sotelo, acusados del delito de extorsión contra el proyecto minero Las Bambas.
Al respecto, Guillén refirió que de las escuchas telefónicas legales a los Chávez Sotelo se advierte una conducta de carácter extorsivo con la finalidad de obtener ingentes beneficios económicos de la empresa MMG, que opera en el yacimiento Las Bambas.
“La conducta de los abogados linda con lo delictivo. Ellos utilizan legítimas aspiraciones de los comuneros y le dan un contenido exclusivamente de carácter delictivo y extorsivo al exigir exorbitantes suma de dinero”, señaló a la Agencia Andina.
En tal sentido, sostuvo que no se trata de una negociación o una simple asesoría legal que nadie podría cuestionar, sino de conducta extorsivas.
Subrayó que las escuchas a los abogados se realizaron con autorización de un juez y que también se cuenta con la colaboración de testigos protegidos, exintegrantes de la comunidad de Fuerabamba, que ha acusado a los Chávez Sotelo.
“En este caso se ha cumplido el debido proceso”, indicó.
Finalmente, Guillén dijo confiar en que en la audiencia de mañana, la fiscalía sabrá explicar, de acuerdo al código penal vigente, el pedido de prisión preventiva contra los asesores de la comunidad de Fuerabamba.