La mayoría de expedientes judiciales y carpetas fiscales que quemaron los comuneros y ronderos de la localidad ancashina de Sihuas.

Áncash, 21 de Julio 2018, (ANDINA).- La mayoría de expedientes judiciales y carpetas fiscales que quemaron los comuneros y ronderos de la localidad ancashina de Sihuas, durante su protesta contra el Ministerio Público y el Poder Judicial, están referidos a procesos de violencia contra la mujer, así como demandas por alimentos.

Así lo informó hoy la comisionada de la Defensoría del Pueblo de Áncash, Rina Rodríguez Luján, quien además condenó los hechos de violencia y consideró que este ataque a la sede de la Fiscalía de Sihuas, así como al local judicial, desnaturaliza el derecho de protesta.

“Los más perjudicados han sido los justiciables, porque se trataban, en muchos casos, de carpetas que ya estaban a punto de llegar a una sentencia”, manifestó.

En ese sentido, la funcionaria defensorial mencionó que tras este lamentable incidente se conformó una mesa de trabajo que acordó la conformación de una comisión espacial, integrada por representantes de la Fiscalía como de la Corte Superior de Justicia de Áncash, para que cuantifique los daños en los expedientes y también en la infraestructura.

Asimismo, se tomó la decisión de suspender el servicio de justicia en la zona, ante la inexistencia de garantías para que el personal de la Fiscalía y los servidores judiciales laboren con normalidad en Sihuas.

La representante de la Defensoría del Pueblo en Áncash aclaró que no existe ninguna queja formulada contra la actuación fiscal en el caso que motivó la protesta de los ciudadanos. Se trata del homicidio del joven Eloy Aurelio Cueva Soto, cuyo cuerpo fue hallado el 27 de mayo de este año.

No obstante, el 7 de junio, la Policía Nacional alcanzó a la Fiscalía las indagaciones que había hecho. Un día después, el fiscal a cargo del caso se reunió con los familiares, y les explicó que deberían realizarse diversas diligencias para identificar a los autores del crimen.

Sin embargo, los familiares de la víctima le exigieron al fiscal que en un plazo de 30 días se dicten ordenes de captura contra los responsables, pero el fiscal les explicó que debían seguirse los plazos y aplicarse diversas diligencias, por lo cual se negó a firmar el acta con los 30 días fijados por la familia.

Rina Rodríguez afirmó que luego de la revisión de la carpeta fiscal, específicamente en este caso, se determinó que los plazos estaban conforme a ley y que, además, el Ministerio Público había cumplido con hacer los requerimientos del caso para determinar quiénes son los autores del homicidio.

“Sí se ha actuado dentro de los plazos razonables, y en este caso puntual no hay ninguna infracción por parte de la actuación del fiscal y tampoco hay ninguna queja contra él en el control interno”, acotó.

Agregó que un fiscal ad hoc, con apoyo de la Policía Nacional, iniciará las indagaciones en torno a los daños cometidos en las sedes del sistema judicial en Sihuas.

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