El alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, aseguró que la comuna metropolitana actuó dentro de las facultades que le otorgan las normas vigentes en el caso de la incendiada galería Nicolini.
Lima, 27 Junio 2017, (ANDINA).- El alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, aseguró que la comuna metropolitana actuó dentro de las facultades que le otorgan las normas vigentes en el caso de la incendiada galería Nicolini, al clausurarla el 9 de junio.
Según señaló, el miércoles 21, un día antes del siniestro, personal de Fiscalización llegó nuevamente hasta el lugar para supervisar y se dio con la sorpresa que había sido abierta.
“La ley no nos faculta a ingresar a un lugar privado y estos señores (los administradores) no nos dejaban pasar del segundo nivel; por lo tanto no sabíamos lo que pasaba arriba, declaró Castañeda Lossio luego de presentarse ante la Comisión de Trabajo del Congreso de la República.
El burgomaestre calificó de “muy cruel” tener a jóvenes trabajando en esas condiciones, encerrados con candado.
Por eso hemos hecho todas las denuncias correspondientes e intensificaremos las acciones de fiscalización, remarcó el alcalde.
En otro momento, propuso la creación de Fiscalía Ad Hoc que pueda brindar apoyo permanente a los fiscalizadores ediles en sus operativos contra la informalidad en el comercio.
Afirmó en ese sentido que sería importante que todos los poderes del Estado trabajen con los gobiernos locales para mejorar los dispositivos legales y así proteger a los ciudadanos, imponiendo la ley ante malos empresarios que operan vulnerando las reglas y atentando contra normas elementales de seguridad-.
“Debemos discutir un marco legal mucho más ágil, para que podamos inmediatamente sancionar el delito, intervenir directamente en locales. Actualmente la ley está a favor de los infractores, elaborar normas más expeditivas que nos permitan implementar una Fiscalía ad hoc, por ejemplo”, subrayó.
Por su parte, el gerente de Fiscalización de la comuna metropolitana, Christian Rosenthal, explicó que gracias a un informe de defensa civil se pudo determinar que ese almacén no contaba con las garantías de seguridad y por eso se le clausuró el 9 de junio.
“En todo momento, sus administradores, a través de terceros, se mostraron renuentes a facilitaron el acceso a los pisos superiores, e,incluso, se negaron a firmar el acta de clausura “, señaló el funcionario.
Detalló que se puso los carteles de clausura en la puerta principal y en una puerta pequeña que da para el jirón Huarochirí y que un día antes del incendio se comprobó que la puerta pequeña estaba abierta y que ingresaba y salía personal.
Agregó que la intención de las autoridades era soldar las puertas pero que para eso no debía haber nadie en su interior, pero que los administradores (siempre a través de terceros) mandaban decir que debían tener una orden judicial.
Por eso, dijo, al día siguiente – día del incendio – íbamos a solicitar a la Procuraduría de la Municipalidad una orden de descerraje y a presentar la denuncia por desobediencia y desacato a la autoridad.
Consultado sobre la razón por la que no se multó a la galería por las construcciones antirreglamentarias (como las estructuras metálicas donde quedaron atrapados los jóvenes), el funcionario explicó que para sancionar por ese motivo hay que estar en el lugar para valorizar la multa de acuerdo a lo construido.
A la Comisión de Trabajo también acudió el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alfonso Grados, para informar sobre las acciones de fiscalización laboral.
