La estrategia del Mininter en materia de seguridad ciudadana son: recuperar la confianza de la sociedad en la Policía y reducir la victimización a 24 % en el Perú.
Lima, 08 Enero 2017, (ANDINA).- La estrategia del Ministerio del Interior en materia de seguridad ciudadana tiene dos ejes muy importantes: uno es recuperar la confianza de la sociedad en la Policía y el segundo tiene que ver con reducir la victimización a 24 % en el Perú.
Pero ello, se están implementando siete acciones que tienen que ver con el programa nacional de recompensas, los megaoperativos, el programa Barrio Seguro y las estrategias de prevención, entre otros.
Para contribuir con esta estrategia de fortalecimiento de la seguridad ciudadana, el Ejecutivo ha emitido una serie de decretos legislativos (DL) que se dividen en cuatro ejes:
1. Decretos que modifican el código penal para favorecer la lucha contra el crimen común y organizado.
El DL 1244 incrementa las penas para el crimen organizado y la tenencia ilegal de armas, y prohíbe los beneficios penintenciarios para sicarios.
Según el decreto, se modifican los artículos 279 y 317 del Código Penal y se sanciona con penas de seis a 15 años de prisión a quienes fabriquen, suministren o posean artefactos explosivos o materiales destinados a su preparación.
Similar pena tendrá quien presta, alquila o trafica dichos artefactos, y para el que los transporta sin estar debidamente autorizado.
Asimismo, con entre ocho y 15 años de cárcel será sancionado quien promueva, organice, constituya o integre una organización criminal de tres a más personas. Los líderes, jefes o financistas tendrán de 15 a 20 años de cárcel. Igual condena se aplicará si causan la muerte o lesiones graves durante su accionar delictivo.
La norma precisa también que quien constituya o integre una banda criminal será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años.
De igual forma, se modifican los artículos de la Ley contra el crimen organizado aplicable para delitos como homicidio calificado, sicariato, conspiración y ofrecimiento para el delito de sicariato, secuestro, trata de personas, violación del secreto de las comunicaciones, delitos contra el patrimonio, pornografía infantil, extorsión, tráfico ilícito de drogas, reglaje, lavado de activos, entre otros.
2. Reforma institucional
El Decreto Legislativo 1266 establece la naturaleza jurídica, el ámbito de competencia, la estructura organizativa básica y las competencias y funciones del Ministerio del Interior. Dispone la creación del Viceministerio de Seguridad Pública para impulsar el combate contra la delincuencia.
Esta nueva instancia ministerial reemplazará al Viceministerio de Gestión Institucional y acompañará en sus labores al Viceministerio de Orden Interno.
La norma también aprobó la fusión por absorción de la Oficina Nacional de Gobierno Interior (Onagi), correspondiéndole al Mininter la calidad de entidad absorbente.
Por su parte, el DL 1267 norma la estructura, organización, competencias, funciones y atribuciones de la Policía Nacional del Perú, así como sus regímenes especiales.
Los aspectos específicos se rigen por las leyes y reglamentos respectivos. La norma establece las funciones, valores institucionales y atribuciones del personal policial.
Entre otros, establece que los agentes podrán prestar “servicios policiales extraordinarios” a entidades públicas o privadas durante su tiempo de vacaciones, permiso o franco, anulando así una medida dada durante la gestión anterior.
El DL 1242 modifica el Decreto Legislativo 1149, Ley de la carrera y situación del personal de la Policía Nacional del Perú.
Precisa en el artículo 87° numeral 2 que “la renovación de cuadros de manera excepcional es promovida por el Comando Institucional de la PNP, en consideración a las necesidades de la Institución y en base a los criterios de oportunidad y utilidad pública, la que puede ser ejecutada en cualquier momento, indistintamente y una vez al año respecto a cada grado”.
El DL 1318 regula la formación profesional de la Policía Nacional del Perú, estableciendo su finalidad y objetivos. El D.L. se aplica a los estudiantes, docentes, y personal de la Policía.
3. Fortalecimiento de la disciplina policial y lucha contra la corrupción
El Decreto Legislativo 1268 establece el nuevo reglamento disciplinario de la Policía Nacional del Perú, con el fin de prevenir, regular y sancionar las infracciones cometidas por el personal de la institución policial.
También se busca simplificar, acelerar y hacer más justas las investigaciones, sanciones o absoluciones de las acusaciones de las que puedan formar parte los miembros de la PNP, en actividad o disponibilidad.
Por su parte, el DL 1291 tiene por objeto crear herramientas efectivas para la lucha contra la corrupción en el Sector Interior, con la finalidad de lograr una gestión transparente y confiable para la ciudadanía.
Los Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional del Perú están obligados a presentar declaración jurada de ingresos, bienes y rentas.
4. Normas que crean mejores condiciones sociales para la lucha contra la inseguridad ciudadana
El Decreto Legislativo 1253 fortalece la inversión en seguridad ciudadana y dicta una medida orientada a fortalecer la sostenibilidad del servicio de serenazgo o seguridad ciudadana brindado por las municipalidades en todo el territorio de la República.
Para ello, se establece la recaudación de los montos correspondientes a través de los recibos de las empresas prestadoras de energía eléctrica.
De otro lado, El Decreto Legislativo 1316 tiene como objeto modificar la Ley 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, estableciendo la obligatoriedad de reunión de los miembros titulares del sistema en forma periódica, incorporar el rol del ente rector del sistema y regular los aspectos de cooperación de la Policía Nacional del Perú con las Municipalidades.
También se define el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), como el máximo organismo encargado de la formulación, conducción y evaluación de las políticas de seguridad ciudadana; con autonomía funcional y técnica.
La Secretaría Técnica es el órgano técnico ejecutivo y de coordinación, encargado de proponer al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana la política, los planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana para su aprobación.
Realiza el seguimiento y evaluación de la ejecución de las acciones aprobadas a nivel nacional, evalúa el impacto de la Política Nacional de Seguridad Ciudadana y propone los indicadores de la línea de base y metas conforme a la información del INEI.
Por su parte, el Decreto Legislativo 1338 crea el Registro Nacional De Equipos Terminales Móviles Para La Seguridad, orientado a la prevención y combate del comercio ilegal de equipos móviles.
La norma tiene por objeto permitir el cruce de información que ayude a detectar equipos terminales móviles robados, independientemente de que su IMEI se mantenga o haya sido alterado, y así disminuir el valor de los equipos robados al imposibilitar su conexión a la red de telefonía móvil local.
El Decreto Legislativo 1339 modifica la Ley de Insumos Químicos Fiscalizados.
Gracias a este decreto, la PNP tendrá acceso al sistema de operaciones con Insumos Químicos y Productos Fiscalizados de la SUNAT, sistema en el que se reportan todos los movimientos de este tipo de insumos al interior del país a través de diversos puntos de control de la SUNAT.
Ello servirá a la PNP para el análisis e identificación de empresas que pudieran estar desviando sustancias químicas para el Tráfico Ilícito de Drogas.
Asimismo, a partir de esta norma, la SUNAT está en la obligación de comunicar todas sus intervenciones relacionadas con la materia del decreto legislativo.
Con ello no solo se mejora la coordinación entre ambas entidades del Estado, sino que permite que estas realicen operaciones conjuntas contra el desvío y tráfico de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados.
Finalmente, la norma establece determinados controles para la utilización de insumos químicos no solo a nivel de provincias sino también de distritos, considerando ya no la producción de drogas ilícitas sino especificando el problema de la utilización de insumos químicos en la producción cocalera.
En otro ámbito, el decreto Legislativo 1340 prohíbe el uso de instalaciones policiales como depósitos vehiculares de cualquier clase, y define las responsabilidades del personal policial sobre vehículos automotores sujetos a investigación o a procesos judiciales.
También incorpora el Fondo para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para financiar proyectos de inversión pública en las materias de orden público y seguridad, a fin de cubrir la brecha existente.
Finalmente, el decreto 1260 establece la creación de la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú, teniendo como objetivo principal y exclusivo apoyar las operaciones del Cuerpo General de Bomberos, debiendo facilitar los recursos logísticos y humanos necesarios para que cumplan su importante función.
