Denuncia agresión violenta a arqueólogo y la tolerancia policial durante diligencia

Lima, 10 Enero 2022, (ANDINA).- La Zona Arqueológica Caral(ZAC), Unidad Ejecutora 003 del Ministerio de Cultura, que tiene a su cargo el sitio arqueológico Ciudad Sagrada de Caral (Patrimonio Mundial), expresó su profunda extrañeza y preocupación por la postergación hasta mayo del desalojo de invasores, y la tolerancia y pasividad demostrada por el comando policial encargado de prestar las garantías del caso durante diligencia realizada hoy.

A través de un comunicado, la ZAC precisa que el desalojo fue programado por el Primer Juzgado Civil de Barranca, para cumplir la sentencia del proceso judicial de reivindicación a favor del Estado Peruano, seguido contra Alejandro Ramón Solís Saavedra, tal como establece el expediente N° 00283-2012-0-1301-JR-CI-01.

Menciona que tras las coordinaciones, las autoridades de la ZAC partieron hacia Caral desde la Plaza de Armas de Supe con 106 efectivos policiales de la División Policial de Barranca (DIVPOL Barranca) y la Comisaría PNP de Supe, a cargo del Coronel PNP Concepción Loayza y del Mayor PNP Jorge Caferatta respectivamente.

Sin embargo, en las cercanías del sitio arqueológico, la caravana de autoridades y policías se encontró con que la única vía de acceso había sido bloqueada con árboles y piedras.

A pesar de esta eventualidad, los funcionarios del Ministerio de Cultura y de la Zona Arqueológica Caral tuvieron que descender de sus unidades y realizar labores de limpieza y desbloqueo, sin contar con el apoyo ni la protección de los efectivos policiales.

El comunicado de la ZAC indica que ante la pasividad de la Policía, los funcionarios arriesgaron su integridad física, debido a que en las cercanías estaban apostados, de forma amenazante, un considerable número de individuos extraños al lugar, con los rostros cubiertos con pasamontañas que además portaban diversas armas blancas como palos, piedras, machetes, entre otras.

Dichas personas extrañas, alrededor de 60, se habían sumado a los invasores de los terrenos de propiedad del Estado Peruano, para impedir que se realice la recuperación del terreno ordenada por el Poder Judicial.

Agresión a arqueólogo

También se menciona que en el sitio arqueológico Chupacigarro, lejos del terreno a ser desalojado, se encontraba trabajando el jefe de campo del sitio Caral, el arqueólogo Daniel Mayta y que en un momento se acercó Pablo César Mejía Solís, quién también se niega a desalojar el terreno arqueológico, acompañado de otros individuos y agredieron violentamente al representante de Caral y le propinaron múltiples golpes en la cabeza, manos, brazos, piernas y espalda con los palos que portaban.

Ante esta situación se ha denunciado al agresor y sus acompañantes por el delito de intento de homicidio.

Diligencia postergada

Al final, la diligencia de desalojo no se concretó ante la decisión del juez César Macedo Figueroa, del procurador Henmer Alva Neyra y del abogado de la parte sentenciada, de suspender la medida hasta el 31 de mayo de 2022.

También se expresa la preocupación por el plazo dado al sentenciado Solís Saavedra (de cinco meses) para que continúe ocupando y usufructuando un terreno arqueológico de propiedad estatal que debió ser desalojado una vez ratificada la sentencia por la Corte Suprema, en el año 2016.

“Al proseguir con sus actividades en el lugar, el sentenciado Alejandro Ramón Solís Saavedra, continuará dañando las evidencias arqueológicas de la civilización Caral, la primera civilización de América”, enfatiza el documento.

También se indica que el mencionado personaje (el invasor) no reside en el terreno materia del desalojo y que ello se puede comprobar en la Reniec, en el que figura que su domicilio, es en el distrito de Comas, en la ciudad de Lima.

Además, se agrega, como ha sido probado a lo largo del extenso proceso judicial, que Solís Saavedra no tiene ningún título de propiedad que sustente su permanencia en el terreno arqueológico y estatal que usufructúa irregularmente.

Asimismo, la ZAC deplora las actitudes asumidas y las declaraciones realizadas, después de lo ocurrido, por el alcalde de Supe, Luis Sosa Hidalgo, quien en abiertamente desacata la Ley Orgánica de Municipalidades, que señala que un burgomaestre tiene la obligación de promover la protección y difusión del patrimonio cultural de la nación, dentro de su jurisdicción, y la defensa y conservación de los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos.

Finalmente, la Zona Arqueológica Caral espera que las autoridades respectivas hagan cumplir las normas y leyes que protegen el Patrimonio Cultural de la Nación, así como los tratados internacionales que velan por la protección del Patrimonio Mundial.

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