Por caso de vacunación irregular contra el covid-19

Lima, 14 de Marzo 2021, (ANDINA).- La Procuraduría General del Estado evalúa solicitar al Ministerio Público la incorporación de los delitos de soborno o cohecho en la investigación preliminar al expresidente Martín Vizcarra y a dos exministras por la vacunación irregular contra el covid-19, señaló el titular de este organismo, Daniel Soria.

En declaraciones a la agencia Andina, refirió que evalúan si hay elementos que lleguen a pensar que se ofrecieron vacunas –hoy un bien preciado que salva vidas- como prebenda para altos funcionarios y funcionarios públicos.

“Es algo que se debe investigar, el soborno requiere de una relación de dos y en este caso el medio sería la vacuna o el ofrecimiento de autorización de la vacuna para comercializarla”, refirió.

Soria precisó que la Procuraduría General del Estado se apersonó a las investigaciones que realiza la fiscal de la Nación al expresidente Vizcarra y las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete, en su condición de altos funcionarios aforados.

Comentó que, por la vacunación irregular, se realiza también una investigación preliminar a los funcionarios y servidores públicos del Ministerio de Salud y la Cancillería que recibieron la vacuna Sinopharm, así como a particulares.

Esta parte de la investigación, según dijo, se encuentra a cargo de la fiscalía provincial y en ella participa la procuraduría anticorrupción.

Precisó que en la etapa de investigación preliminar al expresidente Vizcarra y las exministras cabría la posibilidad de solicitar el impedimento de salida del país de los investigados, más no una detención preliminar, de acuerdo a la norma.

Elección de Vizcarra

El procurador general, asimismo, consideró que una eventual elección del expresidente Vizcarra como parlamentario no tendría por qué afectar las investigaciones por la vacunación irregular con dosis destinadas al personal del estudio clínico.

Explicó que las investigaciones a Vizcarra están relacionadas con presuntos delitos que se habrían cometido como parte de su función, lo que implica que su procesamiento debe pasar por una denuncia constitucional en el Congreso.

“Por la gravedad de los hechos, es importante que los responsables sean sancionados, no estamos hablando de un tema solo jurídico sino también hay tema moral y ético en el hecho de haberse vacunados a escondidas y con una empresa que estaba en un proceso de negociación”, refirió.

En se sentido, consideró que tanto el Congreso, como el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen que tener una actuación rápida dado que es importante que la justicia sea oportuna.

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