Opinión de Alberto Piris. Una cierta ambigüedad existente en cuatro artículos de la Constitución pudo estar en la base del golpe de Estado del 23F. Para los golpistas, el Rey, al mando de los ejércitos, intervendría para hacer cumplir las misiones específicas que la Constitución encarga directamente a las Fuerzas Armadas. Un alto mando militar declaró: “El Rey me ordenó parar el golpe del 23F y lo paré; si me hubiera ordenado asaltar las Cortes, las asalto”.

Madrid, 07 de Marzo, (Envío especial para El Informante Perú).- Entre los numerosos informes y comentarios que estos días se han publicado, a raíz del 40º aniversario de aquel fatídico 23 de febrero que puso en peligro la supervivencia de la democracia española, llaman especialmente la atención las palabras de un alto mando militar que mucho tuvo que ver con el final de aquella esperpéntica aventura.

El teniente general Quintana Lacaci era a la sazón Capitán General de Madrid, máxima autoridad militar de la región. Según escribe Paul Preston en su Juan Carlos: El rey de un pueblo, el general Quintana confesó en cierta ocasión lo siguiente: “El rey me ordenó parar el golpe del 23F y lo paré; si me hubiera ordenado asaltar las Cortes, las asalto”.

Dos consecuencias pueden extraerse de estas palabras. La primera, de sobra conocida, es el papel jugado por el Rey, que en último término abortó con firmeza la intentona golpista, ejerciendo sin vacilar su autoridad militar sobre los sublevados.

La segunda consecuencia es más inquietante. Porque la posibilidad de éxito del golpe de Estado pudo depender de una vulnerabilidad que sigue viva en el articulado de la Constitución. Se basa en los artículos 8 y 62-h.

El primero asigna a las Fuerzas Armadas tres misiones: defender la “soberanía e independencia”, la “integridad territorial” y el “ordenamiento constitucional”. Por otro lado, el 62-h confiere al rey el “mando supremo de las Fuerzas Armadas”. Con estos dos elementos ya se puede montar un eficaz trampantojo: si el rey y sus ejércitos consideran que se incumple alguna de las tres misiones asignadas, la propia Constitución les incitaría a intervenir. Como los golpistas, entre otras cosas, aborrecían el régimen autonómico, al que atribuían la ruptura del Estado, les bastaba una orden del rey para entrar en acción y corregir, bajo la amenaza de las armas, una política nacional que estimaban peligrosa.

Esa aparente vinculación directa que la Constitución establece entre el rey y las FFAA, a las que asigna misiones específicas, soslayaría cualquier otra vía política para quienes solo tienen en cuenta los dos citados artículos. (Una reflexión: parece uso habitual en España aceptar una Constitución “fragmentada”: aludir a unos artículos e ignorar otros en función de los intereses políticos).

Así pues, los golpistas hacían caso omiso de las partes del texto constitucional que revelarían su engaño. Porque el art. 97 pone en manos del Gobierno “la Administración militar y la defensa del Estado” y el 64 limita los actos del rey que, para tener validez legal, han de ser refrendados por los miembros idóneos del Gobierno o el presidente del Congreso.

La evidente ambigüedad que afecta al conjunto de estos cuatro artículos estuvo en la base del 23F y en otras fallidas intentonas posteriores. Bien es verdad que el golpismo tradicional no se suele parar en barras. “¡El próximo, sin el rey!”, anunciaban los defraudados por el fracaso. Y aunque entre las tres misiones antes citadas figura la defensa del ordenamiento constitucional, no se sabe de ningún jefe de unidad que aquel día ordenara formar a sus tropas y prepararlas para salir en defensa de la Constitución si fuera necesario.

Los ejércitos españoles de hoy no se parecen en nada a los de 1981. Ni la España actual a la de entonces. Las nostalgias se han ido desvaneciendo y la realidad del mundo que nos rodea ha abierto mucho las perspectivas de los que constituyen el brazo armado del Estado al servicio del pueblo español. De ahí que la citada vulnerabilidad constitucional no sea un riesgo inmediato para nuestra democracia, pero debería ser tenida en cuenta para cualquier reforma de la Constitución que el transcurso del tiempo parece aconsejar.

(*) General de Artillería en la Reserva y Diplomado de Estado Mayor.

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