También el pago de S/ 200,000 de reparación civil a favor del Estado

Chimbote, 24 Agosto, (ANDINA).- La Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa confirmó la condena de cuatro años de prisión que recaía sobre el expresidente regional de Áncash César Álvarez Aguilar por el delito de colusión simple, en agravio del Proyecto Especial Chinecas.

Los jueces superiores también confirmaron el pago de una reparación civil de 200,000 soles a favor del Estado, que deberá pagar Álvarez de manera solidaria con la empresa Sisa SAC, incluida como tercero civil responsable del ilícito.

Los magistrados precisaron que la penalidad de esta condena se contabilizará desde el 27 de setiembre del 2019, fecha en que se emite la sentencia condenatoria en primera instancia.

El caso por el que Álvarez fue sentenciado en segunda instancia forma parte de los procesos judiciales “emblemáticos” de corrupción en Áncash.

La Fiscalía sostiene que durante la primera gestión de Álvarez se pagó por el estudio de perfil a nivel de preinversión del proyecto “Adecuación del Proyecto Especial Chinecas” 5 millones 276,961 soles, cuando el costo real sería 102,500 soles.

Según indicaron los fiscales que investigaron el caso durante el juicio oral, el pago era “injustificado” y que, además, no contaba con los estudios de mercado que acredite ese costo para la elaboración de este tipo de perfiles.

Debate

Álvarez rechazó las acusaciones y apeló la sentencia de primera instancia. Pero durante el debate, el fiscal superior Freddy Gutiérrez Crespo rebatió cada uno de los argumentos de su defensa y pidió a los magistrados confirmar la condena en todos sus extremos.

La exposición del fiscal Gutiérrez Crespo convenció al tribunal, el cual falló a favor de confirmar la sentencia de primera instancia y rechazar el recurso de apelación de Álvarez.

El expresidente regional de Áncash se encuentra recluido en el penal de Challapalca, región Tacna. Es acusado de haber liderado una organización a la que se le atribuye delitos de corrupción de funcionarios y crímenes a opositores políticos.

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