El fiscal supremo Tomás Gálvez atribuyó a una persecución política la denuncia constitucional en su contra que recomienda su destitución e inhabilitación.

Lima, 28 Mayo 2019, (ANDINA).- El fiscal supremo Tomás Gálvez atribuyó a una persecución política la denuncia constitucional en su contra que recomienda su destitución e inhabilitación en el cargo por su presunta vinculación con el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

“En este momento hay una persecución política de personas que cierto sector de la prensa, de la izquierda e integrantes cierto sector del Ministerio Público que quieren desaparecer (a fiscales) porque son incómodos”, afirmó.

Durante su defensa ante la Comisión Permanente, acusó al exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, de haber emprendido una “persecusión” en su contra porque en la Junta de Fiscales Supremos se opone ante sus actuaciones.

Sostuvo también que se estarían usando los testimonios de los colaboradores eficaces en la investigación sobre “Los Cuellos Blancos del Puerto” en contra de funcionarios y fiscales que son incómodos.

Ello, según dijo, porque la acusación constitucional le atribuye haberse reunido con Mario Mendoza, investigado por ser parte de esa organización criminal, cuando no existen pruebas de ese hecho y el mismo testigo no ha ratificado esta parte de sus afirmaciones en una nueva declaración.

Indicó que se le acusa de haber intentado impedir, junto al fiscal supremo Pedro Chávarry, la reelección de Pablo Sánchez en el cargo de fiscal de la Nación, cuando este fiscal supremo nunca postuló a la reelección y además había un acuerdo para la elección del fiscal de la Nación se haga con el criterio de antigüedad.

“Estaba determinado que el fiscal de la Nación sea Pedro Chávarry, cómo es que Los Cuellos Blancos tenían en mente llevar intensiones de poder para impedir la reelección de Sánchez y elegir a Chávarry”, afirmó.

Sobre la acusación de haber llamado al ex juez supremo César Hinistroza para favorecer a un procesado en una casación, apuntó que había actuado en base a un convenio firmado con las comunidades nativas y frente a un hecho que consideraba una injusticia.

El informe elaborado por el congresista Juan Sheput atribuye al fiscal supremo Tomás Gálvez presunta responsabilidad en tráfico de influencias y organización criminal.

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