Keiko Fujimori lidera organización criminal dentro de FP, ratifica fiscal

El fiscal de lavado de activos, José Domingo Pérez, ratificó que Keiko Fujimori lidera una organización criminal al interior de Fuerza Popular.

Lima, 24 de Octubre 2018, (ANDINA).- El fiscal de lavado de activos, José Domingo Pérez, ratificó que Keiko Fujimori lidera una organización criminal al interior de Fuerza Popular, compuesta por cinco niveles e integrada por sus asesores Vicente Silva Checa, Pier Figari y Ana Herz.

Durante la sustentación del pedido de detención preventiva por 36 meses, Pérez identificó en el segundo nivel de esta presunta organización a Jaime Yoshiyama Tanaka y Agusto Bedoya, quienes tendrían la función de captar activos ilícitos para la campaña.

En el tercer nivel, identificó a quienes se hacían cargo de la administración de los presuntos activos ilícitos: Adriana Tarazona, tesorera alterna de Fuerza 2011, hoy fuerza Popular; y Carmela Paucara, secretaria de Keiko Fujimori.

En cuarto nivel colocó a los administradores de los activos que no forman parte del pedido de prisión preventiva, y en el último nivel consignó a Luis Alberto Mejía, Jorge Yoshgiyama Sasaki y Giancarlo Bertini, como colaboradores de la organización.

El fiscal comentó que, de acuerdo a un testigo protegido, el “núcleo duro” de esta organización criminal estaba formado por las personas del primer nivel y tomaba todas las decisiones al margen de la estructura partidaria de Fuerza Popular.

Aseguró que ese “núcleo duro” buscó, además, tener influencia en los órganos de administración de justicia para protegerse de las investigaciones en su contra, razón por la cual habrían tenido acercamientos con el exvocal supremo César Hinostroza, y exintegrantes de Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

También, según detallo, le dieron apoyo al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, desde antes de su elección. Según el testimonio de un colaborados eficaz, Keiko Fujimori dijo en su partido que Chávarry debía ser titular del Ministerio Público y fue esa la razón por la que habrían acordado no acumular las denuncias constitucionales en su contra, pendientes en el Congreso.

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