La necesidad de impulsar una agenda de reformas institucionales en el país fue un punto de coincidencia entre autoridades que participaron en el Foro “Reformas pendientes para la democracia”.

Lima, 22 Febrero 2018, (El Informante Perú).- La necesidad de impulsar una agenda de reformas institucionales en el país fue un punto de coincidencia entre autoridades y expertos que participaron en el Foro “Reformas pendientes para la democracia”, convocado por la Asociación Civil Transparencia con el apoyo de la Embajada de Canadá.

En la presentación del evento, el Embajador Allan Wagner, Presidente de Transparencia, señaló que la democracia peruana hoy es desafiada por la corrupción, la crisis de representatividad y la débil representatividad del sistema de partidos, los escasos niveles de inclusión del sistema político, y la insatisfacción ciudadana con el sistema de administración de justicia.

A su turno, la Presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Araoz, resaltó que una de las reformas de fondo más necesarias en el país es la que se deriva de la agenda planteada por la Comisión Presidencial de Integridad (CPI), campo en el que pronto estarán anunciando nuevas medidas. A su turno, los Presidentes del Poder Judicial y del Ministerio Público, Duberlí Rodríguez y Pablo Sánchez, respectivamente, resaltaron los avances y desafíos que enfrenta la reforma del sistema de administración de justicia.

En el panel principal, cuatro expertos abordaron distintos aspectos de las reformas pendientes en el país. El jurista Javier de Belaúnde señaló que diversos esfuerzos de mejora de la administración de justicia en el país no han logrado disminuir la altísima desconfianza ciudadana. Entre los aspectos urgentes a abordar, resaltó la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (procedimientos para la selección de sus miembros, criterios de evaluación a jueces y fiscales). Por otro lado, consideró prioritario revisar el rol de la Corte Suprema, eliminando la provisionalidad de sus miembros y centrando su tarea en la revisión de casos vía casación.

El politólogo Martín Tanaka señaló que el impulso reformista observado a inicios del período gubernamental se ha debilitado, aunque algunos cambios se lograron de cara a las elecciones regionales y municipales. Hacia el futuro, entre los diversos temas posibles, propuso centrarse en el fortalecimiento de mecanismos de democracia interna en los partidos políticos, pues su existencia incide directamente sobre la transparencia y la fiscalización.

La economista Carolina Trivelli planteó que la inclusión política no es solo un tema de cuotas, sino que deben discutirse reformas complementarias para equilibrar las oportunidades de participación política de mujeres, jóvenes y pueblos originarios. Entre los mecanismos a adoptar propuso: la alternancia en las listas de candidatos (más potenciada si se elimina el voto preferencial); incentivos a partidos políticos que promuevan la participación de mujeres y sectores minoritarios; visibilización y apoyo a mujeres, jóvenes y líderes étnicos que ocupan cargos partidarios y políticos, con especial énfasis en regidores y regidoras.

Por último, Walter Albán, director ejecutivo de Proética, recordó que la corrupción es uno de los principales problemas percibidos por la población peruana, especialmente en regiones, y pese a que este tema fue central en la campaña electoral del actual Presidente, no se constatan muchos avances, como lo evidencia el cumplimiento parcial de las recomendaciones de la CPI. En este panorama, señaló, una agenda a favor de la integridad requiere, entre otros aspectos, revisar la estructura de la autoridad autónoma de transparencia, proponer una legislación adecuada para la gestión de intereses, garantizar la independencia judicial, y promover iniciativas de compliance en el sector privado.

El evento fue clausurado por Eduardo Vega, ex Presidente de la CPI, quien en su intervención, además de resaltar los consensos en favor de una reforma política más ambiciosa, solicitó al recién electo Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura archivar la investigación contra el Fiscal de la Nación, como un gesto que afirma el respeto a la institucionalidad democrática en el país.

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