Decisión del Congreso sobre TC será anulada por justicia internacional

El director ejecutivo de Proética, Walter Albán, afirmó que la decisión que tome el Congreso será posteriormente anulada por el sistema interamericano de justicia.

Lima, 13 Diciembre 2017, (ANDINA).- El director ejecutivo de Proética, Walter Albán, afirmó que la decisión que tome el Congreso respecto a la destitución o suspensión de algunos integrantes del Tribunal Constitucional (TC), será posteriormente anulada por el sistema interamericano de justicia al tratarse de una acusación “absurda a toda regla de derecho”.

Cuatro magistrados del TC, Manuel Miranda, Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinoza, fueron denunciados por 11 marinos en retiro, al considerar que cambiaron uno de los votos de una sentencia que establecía que, en la intervención en el penal de El Frontón, no hubo delitos de lesa humanidad.

“Sin duda, una decisión de esta naturaleza (destituir y suspender magistrados) será anulada por el sistema interamericano, tal como ocurrió en el pasado (durante el gobierno de Alberto Fujimori), por lo que se repondrán a quienes hayan podido ser destituidos, por ejemplo”, manifestó a la Agencia Andina.

Asimismo, señaló que quienes serán evaluados y juzgados en su momento serán todos aquellos congresistas que promovieron esta acusación constitucional, “porque actuaron contra toda norma y principio constitucional y atropellando la institucionalidad”.

“Están tumbándose a combazos la poca institucionalidad que nos queda en el país, (la bancada fujimorista) quiere capturar y neutralizar al Tribunal Constitucional”, aseguró.

Dijo que la posible destitución de un magistrado y la suspensión de otros dos, se parece a lo que hizo Fujimori en el año 1992, cuando cerró el Congreso de la República.

“Aunque acá cerrarían la independencia del Tribunal Constitucional en buena medida. Además, sería una advertencia a los que quedarían como diciéndoles: ‘de que de aquí en adelante o se portan como ellos quieren o los sacan’”, dijo.

Albán agregó que la actuación de una parte del Congreso coloca al país en un campo distinto al derecho, porque la acusación no tiene argumentos jurídicos y “lo único que se esgrime es fuerza bruta”.

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