Poder Judicial presenta proyecto contra uso abusivo de hábeas corpus

El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, presentó un proyecto de ley que propone frenar el uso abusivo de las demandas de hábeas corpus o acciones de amparo en juzgados ajenos a la jurisdicción.

Lima, 05 Setiembre 2017, (ANDINA).- El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, presentó un proyecto de ley que propone frenar el uso abusivo de las demandas de hábeas corpus o acciones de amparo en juzgados ajenos a la jurisdicción donde ocurre la presunta afectación del derecho.

Durante una sesión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, se refirió a la propuesta que pretende poner freno a estos recursos de implicados en actos de corrupción, al modificar los artículos 28 y 51 del Código Procesal Constitucional en los procesos de hábeas corpus y de amparo.

“Se plantea establecer como único juez competente en las acciones de amparo y hábeas corpus, a quien ejerce en el lugar donde se afectó el derecho”.

El titular del Poder Judicial puntualizó que el caso del hábeas corpus será de competencia del magistrado del lugar donde ocurre la amenaza o afectación del derecho a la libertad individual o derechos conexos.

Según explicó, en las demandas de hábeas corpus o de amparo contra resoluciones judiciales se plantea que la sala superior resuelva en primera instancia y en la Corte Suprema en segunda instancia.

El titular de la Corte Suprema indicó que la iniciativa también propone modificar los artículos 27 y 42 del Código Procesal Constitucional para permitir la sustentación de demandas constitucionales en idiomas o lenguas nativas.

“Hay que indicar que la flexibilización de la competencia en los procesos de hábeas corpus ha generado el incremento de la judicialización de los conflictos por controversias constitucionales en el país, lo que significaría un ascenso significativo de la carga procesal”, anotó.

Agregó que, en el marco de este fenómeno, se observa que entre el período 2015 y lo que va del año 2017, hubo un incremento de un 80% o más de carga de los procesos constitucionales a escala nacional, lo que implica que los recursos humanos y materiales de los órganos jurisdiccionales se deriven para la atención de las causas.

Poco antes de la exposición de Duberlí Rodríguez, la Comisión de Justicia aprobó, con cargo a redacción, el plan de trabajo que cumplirá en la legislatura 2017-2018.

También dejó pendiente el debate del proyecto de ley que propone modificar el Código Procesal Penal, que busca reformar la convalidación de la detención en flagrancia delictiva.

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