Lima, 8 de octubre 2025 (Envío especial para El Informante Perú).- La fractura en el Perú trasciende la compleja geografía que históricamente ha desafiado la integración del territorio. Hoy, el país enfrenta una profunda fractura social que divide a los peruanos en distintas realidades que generan conflictividad.
Esta grieta se manifiesta de múltiples formas: en la brecha cultural y académica, en el acceso desigual a servicios públicos de salud y educación, en la falta de empleo digno que desalienta especialmente a los jóvenes, en la discriminación salarial hacia la mujer, y en flagelos como la anemia y la desnutrición infantil que degradan nuestro capital humano. A esto se suma el analfabetismo que afecta dramáticamente a la mujer rural y la exclusión de los pueblos originarios, cuyos saberes y lenguas que además de no ser reconocidos son discriminados.
Este panorama de exclusión ha dado lugar a la coexistencia de tres Perú: el formal, el informal y el ilegal. La mayoría de los peruanos, relegados por el primero, han tenido que forjar su destino en la economía informal. En este sector se encuentran obreros, taxistas, pequeños comerciantes, agricultores, profesionales independientes y emprendedores que, con enorme esfuerzo, buscan sacar adelante a sus familias y educar a sus hijos, convirtiéndose en una tarea noble, titánica e incomprendida.
Lejos de recibir apoyo del Perú formal, es frecuentemente perseguido, reprimido y maltratado por un Estado cuyas leyes y sentencias, en lugar de consolidar el Estado de derecho, erosionan la confianza ciudadana. Un ejemplo emblemático es la Ley 32123 de reforma de pensiones, aprobada por apenas 38 de 130 congresistas, es decir, por solo el 29.2% de la representación nacional, lo que evidencia una grave crisis de legitimidad.
El Perú formal —aquel que se ejerce desde los poderes del Estado—es visto por una gran parte de la población como una minoría desconectada de la realidad nacional. Por ello el Congreso, el Poder Judicial y el Ejecutivo arrastran altos índices de desaprobación, que podrían ser históricos. La ciudadanía no solo los desaprueba, sino que cuestiona severamente su autoridad moral. Sin embargo, la respuesta de estas instituciones, en lugar de darse mediante la autocrítica y la enmienda, ha sido en ocasiones el menosprecio, reflejado en declaraciones como la de la presidenta Dina Boluarte: “los peruanos ya aprendieron”.
Esta fractura social ha derivado en un desgobierno generalizado y un profundo desaliento nacional. La pérdida de respeto hacia la autoridad crece día a día en todos los niveles, alimentando un ciclo de desconfianza y conflicto.
Frente a este escenario, es urgente que la mayoría de los peruanos, con valentía y decisión, asumamos un rol protagónico para liderar la construcción de un Estado inclusivo, donde todos vivamos en paz y con las mismas oportunidades. La próxima cita electoral de 2026, con elecciones generales y regionales, se presenta como una oportunidad crucial para comenzar a sanar estas heridas y exigir una gobernanza verdaderamente representativa y al servicio de todos.
Donde los nuevos liderazgos estén comprometidos con el desarrollo del Perú, así mismo, tengan claro que su misión es recuperar la legitimidad y el diálogo donde participen todas las voces, promover la inclusión económica y social con la participación plena de la ciudadanía. Y que es tiempo que todos construyamos: Un Perú para los peruanos.
