Cifra iguala a las registradas antes de la pandemia de covid-19, afirma la Defensoría del Pueblo

Lima, 22 Diciembre 2022 (ANDINA).- Más de 41,000 accidentes de tránsito se han registrado en el Perú durante el primer semestre de este año, reveló la Defensoría del Pueblo que precisó que esta cifra es preocupante porque se alcanza las cifras registradas antes de la pandemia de covid-19.

El informe de la Defensoría del Pueblo indica que, si bien durante el 2020 y 2021 hubo un descenso en las cifras de accidentes de tránsito, debido a la inmovilización y otras restricciones que fueron impuestas para frenar el avance del covid-19, este año la cantidad de casos vuelven a demostrar un panorama similar al de 2019.

En ese sentido, detalla que en el 2020 se reportó una de las cifras de accidentes de tránsito más bajas de los últimos años, con 57,396 accidentes, seguido de un leve incremento durante el 2021, con 74,624 casos; sin embargo, durante los primeros seis meses de 2022 la cantidad de accidentes de tránsito superó los 41,000 casos, que representaba casi la mitad de las cifras reportadas durante 2018 y 2019, con más de 90,000 casos en ambos periodos.

En lo que respecta a personas fallecidas en accidentes de tránsito durante el primer semestre de 2022, la cifra asciende a 1,573 casos; mientras que la cifra de personas heridas en el mismo periodo representaba casi el 40 % de la reportada durante el 2019, con un total de 26,569 casos.

Subrayó que a estas cifras debe agregarse el reporte de los últimos 25 años, con más de 2.08 millones de accidentes de tránsito que han dejado más de 1.2 millones de víctimas.

Decisiones urgentes

La Defensoría del Pueblo formuló un llamado a las autoridades del Ejecutivo respecto a la urgencia de adoptar decisiones concretas ante los elevados índices de accidentes de tránsito que se han registrado en todo el país durante el 2022, los mismos que han vuelto a los niveles anteriores a la pandemia, con más 41,000 casos solo en el primer semestre.

En ese sentido, recomendó que se priorice una intervención estatal en todos los frentes necesarios para mejorar la seguridad vial. En cuanto a la conducta humana, se ha requerido mayor exigencia en los requisitos para otorgar y revalidar licencias de conducir y los exámenes de evaluación a postulantes. Asimismo, se ha solicitado establecer contenidos mínimos en los programas de formación que imparten las escuelas de conductores.

En lo que concierne a las condiciones de los vehículos, se ha solicitado que se evalúe la exigencia de luces neblineras, por lo menos en los vehículos de transporte interprovincial, la mayor y más estricta supervisión a las entidades complementarias y que se avance en las propuestas para implementar un proceso de homologación vehicular de las unidades que ingresan al país.

Por su parte, en lo referido a la infraestructura vial, se ha solicitado el establecimiento de controles electrónicos de velocidad en las carreteras, especialmente en las zonas donde ocurre la mayor concentración de accidentes de tránsito fatales y en los tramos que atraviesan zonas pobladas. Asimismo, se ha requerido al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que efectúe una auditoría al Sistema de Licencias de Conducir por Puntos, al Registro Nacional de Sanciones y al Sistema Nacional de Conductores.

Al hacer un balance de las cifras y de las recomendaciones, la Defensoría informó también de las reuniones que desarrolló la entidad con representantes de diferentes instituciones para recoger sus opiniones y aportes respecto a la propuesta para la creación de un organismo público que lidere el trabajo que se debe realizar en materia de seguridad vial en el país.

Por último, la Defensoría del Pueblo indicó que “es impostergable que que los poderes Ejecutivo y Legislativo aborden con urgencia la importancia de mejorar las condiciones para la circulación segura en nuestro país, con metas realistas y estrategias evaluadas técnicamente que tengan un impacto positivo en la preservación de la vida, la integridad física y salud de las personas. Ello exige contar con una entidad que asuma la conducción de la seguridad vial en el país, por lo que continuaremos insistiendo en que se priorice su evaluación y creación”, concluyó.

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