Señala jueza suprema Janet Tello.

Lima, 10 de Julio 2022, (ANDINA).- Las entidades públicas y privadas están en la obligación de contratar a las personas con discapacidad en los porcentajes establecidos por la ley sobre este sector vulnerable, a fin de que puedan realizar trabajos dignos y adecuados, sostuvo la jueza suprema Janet Tello Gilardi.

Durante el seminario internacional “Discriminación en el trabajo e inclusión laboral de las personas con discapacidad. Análisis comparado en la jurisprudencia Perú-España”, recordó que la Ley 29973 establece que las empresas públicas están obligadas a contratar en una proporción no inferior al 5 % de la totalidad de su personal, y los empleadores privados, con más de 50 trabajadores, en una proporción no inferior al 3%.

La magistrada señaló que un perfil sociodemográfico del INEI arroja que más del 39 % de la población de 14 y más años con alguna discapacidad participa en la actividad económica, pero desde el “subempleo, en trabajos informales y en condiciones indignas”.

Sin embargo, calificó como esperanzador los avances del país conseguidos en los campos legislativo y jurisprudencial en favor de las personas con discapacidad, así como el cambio establecido por la Convención Internacional, el 2008, que significó pasar de un modelo terapéutico y rehabilitador a uno social.

Agregó que antes que las leyes peruanas modifiquen el reconocimiento de su capacidad jurídica, el Poder Judicial trabajó el Protocolo de Atención de las Personas con Discapacidad, instrumento que ha permitido involucrarse en las necesidades de este sector.

Caso emblemático

Tello Gilardi mencionó también el caso emblemático del abogado cusqueño Edwin Béjar Rojas, actual juez con deficiencia visual “que no tuvo discapacidad para llegar a ejercer la magistratura, pero sí mucha discriminación” en su proceso de selección.

Recordó que el magistrado emitió la primera sentencia que aplicó el control difuso de convencionalidad para reconocer la plena capacidad jurídica de las personas con discapacidad, eliminando la interdicción, lo cual fue “la semilla de todos los cambios positivos que se han suscitado en el país”.

El seminario internacional, organizado por Comisión de Acceso a la Justicia y la Universidad de la Coruña de España, contó con ponentes como Antonio Luis Martínez-Pujalte López, doctor en Derecho por la Universidad de Valencia, así como de Marta García Pérez y Jorge López Veiga, del Observatorio de Políticas Públicas en Materia de Discapacidad.

Asimismo, participaron los peruanos Renato Constantino Caycho, profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú; de Elizabeth Caballero Huatuco, coordinadora de la Mesa de Discapacidad y Derechos, y de los especialistas Luis Vásquez Sánchez, Lady Saavedra Zumaeta.

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