En marco al juicio oral contra Kenji Fujimori
Lima, 09 de Marzo 2022, (ANDINA).- El Ministerio Público tomó las declaraciones, como testigo, de la exministra de Economía y Finanzas durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), Claudia Cooper, y de la exviceministra de Hacienda, Rossana Polastri, en el marco del juicio oral contra el exlegislador Kenji Fujimori y otros, por los delitos de cohecho y tráfico de influencias.
El fiscal adjunto supremo, Alcides Chinchay, tomó la declaración de Cooper quien señaló que, durante su periodo como ministra en el gobierno de Kuczynski, sostuvo dos reuniones con Fujimori.
La primera, solicitada por el exparlamentario para exponer ante las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) una idea sobre la cosecha de agua.
La segunda reunión fue solicitada por el MEF a todas las bancadas –incluido el grupo liderado por Fujimori– para ver la aprobación del D.U. 003, que buscaba cautelar el pago de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción, así como sobre la situación de Agrobanco
Al término de la audiencia se informó que la siguiente sesión se desarrollará el 16 de marzo a las 9 a. m. y –en esa fecha– se tomará declaración a los testigos Edwin Lévano, Karina Ginocchio, María Antonieta Alva y Mercedes Aráoz.
Este juicio comprende también a los acusados excongresistas Guillermo Bocángel, Bienvenido Ramírez y al exasesor de Fujimori, Alexei Toledo; a quienes se les imputa haber ofrecido obras al fallecido exlegislador Moisés Mamani para que vote contra la vacancia de Kuczynski.
Los hechos se remontan a marzo de 2018 cuando Mamani presentó una serie de videos que evidenciarían una presunta compra de votos para evitar la vacancia del entonces presidente de la República.
De acuerdo con la tesis fiscal, Fujimori y los excongresistas plantearon a Mamani buscar alcaldes de Puno para concederles obras públicas y cobrar un porcentaje del financiamiento, como “comisión” de éxito, a cambio de votar en contra de la vacancia presidencial.
El Ministerio Público solicitó 12 años de prisión, el pago de una multa de 130,000 soles y la inhabilitación por 183 meses para el ejercicio de la función pública contra Kenji Fujimori.