Lima, 21 Noviembre 2021, (ANDINA).- Ruth Luque, congresista y vocera de Juntos por el Perú (JP), consideró que es un deber político del Congreso de la República priorizar la denuncia constitucional contra Manuel Merino por los actos cometidos durante sus días de mandato.

“Esta denuncia constitucional contra Manuel Merino y otros altos funcionarios sí debe ser una prioridad a atender porque ha sido presentada por la entidad competente de investigar y esclarecer las responsabilidades; segundo, porque corresponde como Congreso habilitar al Ministerio Público a fin de que pueda investigar (…); mientras, no puede avanzar a otra etapa de investigación. La habilitación no significa que se está automáticamente condenando, se está habilitando una investigación”, explicó a la Agencia Andina.

Luque recordó que, según el Reglamento del Congreso, si la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales decide priorizar el caso debería tomar de tres a seis meses su procedimiento hasta la llegada al pleno.

“Sin embargo, de no ser así y ser procesado según número correlativo, puede demorar años”, agregó.

Mencionó que correspondería que su denuncia sea acumulada con la que presentó la congresista Susel Paredes, la cual está relacionada. De esa manera, se tendría a ambas en cuenta para emitir un informe final con los hechos y posibles infracciones.

“En esta investigación hay una teoría del caso donde está estableciendo responsabilidades de autores mediatos, responsabilidades directas en distintos niveles, hay funcionarios de alto nivel que han tenido conocimiento y que sin su participación los hechos no se habrían desencadenado. La Fiscalía ha identificado a estos altos funcionarios, entre ellos a Manuel Merino”, informó.

Por último, explicó que para avanzar en el camino de una imagen distinta al Congreso no debería haber más historia de blindaje en procesos tan graves.

“Aquí debería existir la voluntad política de colocar en agenda esta denuncia constitucional”, dijo.

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó una denuncia constitucional contra Manuel Merino; el extitular del Gabinete Ministerial Ántero Flores-Aráoz, y el exministro del Interior Gastón Rodríguez, por las muertes de los ciudadanos Inti Sotelo y Bryan Pintado, y las lesiones infligidas por la policía a 78 personas durante las movilizaciones de noviembre del año pasado.

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