Lima, 06 Mayo, (ANDINA).- El contralor Nelson Shack sostuvo hoy que, tras las acciones de control posterior al manejo de la pandemia, se ha identificado responsabilidades administrativas, funcionales y penales en 377 funcionarios públicos.

Indicó que desde que se inició la emergencia sanitaria, en marzo del año pasado hasta marzo de este año, se emitieron más de 12,000 informes de control en todo el país, y se identificaron más de 21,000 situaciones adversas relacionadas a los procesos de contratación de bienes y servicios e inversiones.

En declaraciones a Andina Canal Online, el contralor precisó que, en el marco de la pandemia, el Estado habilitó más de 124,000 millones de soles, para acciones como el fortalecimiento del sistema sanitario, las acciones de prevención, la atención a los pacientes, los bonos a las familias y las empresas para reactivar la economía, entre otros.

Aseguró que de las 21,000 observaciones y alertas, los gestores públicos actuaron inmediatamente en el 40 %; sin embargo, el 60 % de las observaciones no fue atendido, por lo que se continuaron con las acciones de control y se identificó a 377 funcionarios con responsabilidades administrativas, funcionales y penales.

Entre las acciones identificadas, explicó el contralor, está el direccionamiento en las licitaciones y adquisiciones, la sobrevaloración y problemas asociados a la compra de mascarillas, pruebas rápidas, la implementación del centro de aislamiento temporal, irregularidades en las vacunas, entre otros.

“La capacidad de control ha sido casi al 75 % de los 124,000 millones habilitados para la pandemia, pero no podemos decir que en todo eso se han cometido irregularidades, están en proceso de mitigar las observaciones en algunos casos y en los casos que no lo hicieron será materia de investigación”, aseveró.

Capacidad sancionadora

Shack advirtió que muchos de estos funcionarios públicos no serán sancionados como corresponde y continuarán en sus centros de labor, mientras la Contraloría no recupere la capacidad sancionadora inhabilitada por una sentencia del Tribunal Constitucional.

“Es muy difícil que las entidades sancionen a sus funcionarios, existe el “otoronguismo” administrativo en el sistema actual”, aseveró.

En ese sentido, saludó la decisión de la Comisión de Fiscalización del Congreso que aprobó el proyecto de ley que restituye la capacidad sancionadora de la Contraloría y dijo confiar en que el pleno del Legislativo también lo apruebe.

Print Friendly, PDF & Email