Lima, 01 de Marzo 2021, (ANDINA).- El juez Rafael Martínez Vargas, del Primer Juzgado Penal Supraprovincial, escuchó en audiencia de presentación de cargos, la denuncia penal formalizada contra el expresidente Alberto Fujimori, y exfuncionarios por el caso denominado “Esterilizaciones Forzadas”.

Además de Alberto Fujimori, también están comprendidos en la denuncia los exministros Marino Costa Bauer, Eduardo Yong Motta, Alejandro Aguinaga Recuenco y los exfuncionarios Ulises Jorge Aguilar y Segundo Aliaga.

La audiencia fue instalada por el juez Martínez Vargas sin la presencia del principal acusado, Alberto Fujmori, quien cumple condena en el Establecimiento Penitenciario de Barbadillo (distrito de Ate).

César Nakazaki, abogado del exmandatario, explicó que la ausencia de su defendido en la audiencia fue voluntaria porque considera que los delitos que la Fiscalía le imputa en este caso, no han sido materia de su extradición.

El fiscal Pablo César Espinoza atribuye a los denunciados ser autores mediatos del delito contra el cuerpo, la vida y la salud en las modalidades de lesiones graves y lesiones graves seguidas de muerte en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos.

Estos delitos, de acuerdo con lo expuesto durante la audiencia, se habrían cometido en agravio de mujeres pobres y quechuablantes de la sierra, selva y de los sectores urbano marginales, muchas de las cuales fueron esterilizadas sin su consentimiento ni haber recibido información en su lengua originaria.

El fiscal expuso que durante el gobierno de Fujimori fueron creados mecanismos normativos para convertir lo que era ilegal, en legal a través de temas sobre planificación familiar.

Sostuvo que uno de los principales mecanismos de promoción de las esterilizaciones quirúrgicas fue el “Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000”, elaborado en la gestión del entonces ministro Yong Motta.

La oralización de la denuncia a cargo del fiscal estuvo acompañada por la participación de intérpretes de las variantes de la lengua quechua, quienes cada cinco minutos traducían el relato para una mejor comprensión de las víctimas quechuablantes.

El juez Martínez Vargas suspendió la audiencia y anunció que la reanudará este martes a las 09:30 horas.

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