Se detectó que 427 servidores públicos recibieron canastas durante la emergencia sanitaria

Trujillo, 27 Noviembre 2020, (ANDINA).- En lo que va del 2020, la región La Libertad habría perdido dos millones 110,177.42 soles por presuntas obras y servicios irregulares, de acuerdo con los resultados de 32 informes de control posterior, informó hoy el gerente regional de la Contraloría General de la República, David Quiroga Paiva.

Señaló que esta suma es aún preliminar, porque se encuentran en proceso 43 auditorías que deben culminar a fines de diciembre.

Asimismo, indicó que los controles se hicieron en 19 instituciones públicas, entre las que se encuentra el gobierno regional de La Libertad, municipios provinciales Trujillo, Virú, Ascope, Julcán, Bolívar, Chepén, Sánchez Carrión, Gran Chimú, Otuzco.

Además, fueron inspeccionados los municipios distritales de El Porvenir, La Esperanza, Pacanga, Paiján, Huanchaco; la empresa hidroeléctrica Hidrandina, la Gerencia Regional de Salud, el proyecto especial Chavimochic y la Universidad Nacional de Trujillo.

Quiroga precisó que en estos informes de control posterior se ha encontrado presunta responsabilidad civil en 30 servidores, penal en 69 y administrativa en 149 funcionarios. Recordó que hasta la fecha la Contraloría no cuenta con la potestad sancionadora y ante esto las presuntas responsabilidades administrativas deberán ser sancionadas por cada entidad.

Canastas

Por otro lado, tras culminar el cruce de información se detectó que durante la emergencia sanitaria por el covid-19 se entregaron canastas con productos de primera necesidad a 472 servidores públicos, pese a que estos productos estaban destinados para favorecer a familias vulnerables.

Del total de servidores públicos beneficiados, se detalla, 424 ganan más de S/ 1,200, 44 más de S/ 3,000; 4 trabajadores más de S/ 5,000 y uno de ellos su ingreso mensual superaba los S/ 10,000.

También anunció que en el primer trimestre del próximo año en La Libertad se llevará acabo el megaoperativo de control regional, en el que auditores de diferentes partes del país intervendrán las 12 provincias de la región en simultáneo para verificar el estado del uso de los recursos públicos.