Los abogados del gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón Rojas, presentaron un recurso de apelación ante el Quinto Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial.

Huancayo, 08 Agosto 2019, (ANDINA).- Los abogados del gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón Rojas, presentaron un recurso de apelación ante el Quinto Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios para que revoque el pedido de prisión efectiva, informó hoy el gerente general de la administración subnacional, Wider Herrera Lavado.

La autoridad regional, mediante el documento presentado, solicitó que se revoque la sentencia emitida el 5 de agosto y, por lo tanto, que se le absuelva del delito en contra de la administración pública, al asegurar que no existen pruebas que manchen su honor y dignidad.

La jueza Susan Carrera Túpac Yupanqui condenó a Vladimir Cerrón a cuatro años y ocho meses de prisión efectiva por el delito en contra de la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento del cargo en agravio del Estado peruano.

Explicación

En el documento se detalla que no existe responsabilidad penal en la autoridad regional debido a que la firma del convenio fue realizada en el 2010, sin licitación previa, generando sumas adicionales que paralizaron la obra.

Ante el clamor del pueblo de La Oroya, provincia de Yauli, el cuerpo de gerentes del Gobierno Regional de Junín evaluó una salida al conflicto, por lo que se encarga al procurador regional llevar un proceso de conciliación con la empresa; ante ello, el funcionario reconoce 850,000 soles a la empresa, se explica.

En el escrito, se señala que la conciliación tiene carácter de ley y al ser idéntica a una sentencia, las autoridades que recibieron la sentencia solo cumplieron con dar continuidad a la obra en beneficio de población y acatando la normativa actual.

Confianza

A su turno, el vicegobernador regional de Junín, Fernando Orihuela Rojas, dijo confiar en el Poder Judicial y su adecuada valoración de las pruebas, tras convocar al procurador y a la empresa contratista para que puedan rendir sus declaraciones.

La autoridad se reafirmó en que no existe ningún delito cometido por los sentenciados, solo el cumplimiento de obligaciones conciliadas por el procurador y la empresa.

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