El presidente del Poder Judicial sostuvo que la devolución de los 524 millones de soles que Odebrecht reclama al Estado por la venta de la hidroeléctrica de Chaglla depende del informe del Ministerio Público.

Lima, 20 Julio 2019, (ANDINA).- El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, sostuvo que la devolución de los 524 millones de soles que Odebrecht reclama al Estado por la venta de la hidroeléctrica de Chaglla depende del informe que el Ministerio Público remita al Ministerio de Justicia.

En declaraciones a la prensa extranjera, aseguró que la sentencia sobre el acuerdo de homologación entre la Fiscalía y la empresa Odebrecht está consentida y no ha sido cuestionada por ninguna de las partes, por lo tanto, tiene que cumplirse en sus propios términos.

Refirió, en ese sentido, que corresponde al Ministerio Público informar si la empresa brasileña tiene o no investigaciones pendientes.

“La sentencia de colaboración eficaz dice expresamente que podrá devolverse ese dinero siempre y cuando el Ministerio Público informe al Ministerio de Justicia de que no existen investigaciones pendientes”, precisó.

Sostuvo que si luego del informe surgen controversias, las partes tendrán que acudir a la jueza que aprobó el acuerdo de colaboración eficaz para que esta resuelva en la etapa de ejecución de sentencia.

Lecaros Cornejo expresó, también, que el Poder Judicial está trabajando para enfrentar los actos de corrupción interna.

Refirió que la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) ha sido muy activa en los casos de los jueces superiores y especializados involucrados en las escuchas telefónicas con el encarcelado exjuez Walter Ríos.

Informó que el órgano de control institucional ha suspendido y abierto proceso administrativo a por lo menos el 90 por ciento de ellos.

En otro momento de su intervención, la máxima autoridad judicial rechazó que la justicia esté politizada a raíz del encausamiento de personajes políticos en casos de corrupción.

“Niego de manera rotunda que la justicia esté politizada, no hay ninguna influencia política en las decisiones judiciales”, remarcó.

Señaló que el día que la justicia sea politizada, en ese momento termina el Estado de Derecho. “Y esto no va a suceder durante mi gestión”, indicó.

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