El uso desproporcionado de la fuerza en comisarías y requisitorias durante las detenciones se ha convertido en una práctica normalizada en el país.

Lima, 26 Junio 2019, (ANDINA).- El uso desproporcionado de la fuerza en comisarías y requisitorias durante las detenciones, en escuelas de formación policial y militar, en centros de rehabilitación y otros lugares se ha convertido en una práctica normalizada en el país.

Así lo advirtió Porfirio Barrenechea, director del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNPT), adscrito a la Defensoría del Pueblo.

Esta institución se ha sumado a la Defensoría del Pueblo y a la Comisión de Derechos Humanos en las acciones de prevención, judicialización y rehabilitación de casos de tortura.

Precisamente, mañana jueves a las 12.00 horas en el auditorio de la Unión Europea (Av. Víctor Andrés Belaúnde 332, San Isidro), el MNTP presentará avances de su tercer informe anual sobre los desafíos en la prevención de la tortura en el Perú.

Por su parte, Pablo Rojas, presidente de la COMISEDH, informó que ha asumido la defensa legal de 36 casos de tortura ocurridos en diversas ciudades del país.

Rojas destacó asimismo que han implementado talleres y cursos dirigidos al personal policial, personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y serenazgo, con la finalidad de capacitarlos en el uso legítimo de la fuerza y la prevención de la tortura.

Esto en el marco del Proyecto “Fortalecimiento de los mecanismos de prevención, judicialización y rehabilitación de la tortura y la violencia sexual en el Perú”, ejecutado con el Centro de Atención Psicosocial (CAPS) y con el apoyo de la Unión Europea.

En el 2015 el Perú suscribió la Convención contra la Tortura y, en el 2017, a través de la Ley 30394, se creó el MNPT.

El Código Penal tipifica como delito de tortura el acto de lesiones que afecta física, moral o psicológicamente la integridad de una persona privada de libertad y que puede ser cometido, por funcionarios o servidores públicos del Estado, teniendo como objetivo menoscabar la dignidad de la persona.

El MNPT señaló que los agentes del Estado pueden hacer uso de la fuerza para prevenir un delito, durante su flagrancia o por mandato judicial.

“Está permitido hacer uso de la fuerza cuando sea necesaria para controlar el peligro y debe ser proporcional entre la agresión y la acción de defensa”, señaló.

Agregó que entre las personas privadas de libertad los más vulnerables son las mujeres, gestantes, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, personas con necesidades especiales, población LGTBI e indígena.

“Ellos están más expuestos a sufrir golpes o cortes, agresiones sexuales, quemaduras, amenazas de muerte, gritos e insultos, entre otros”, indicó.

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