La Defensoría del Pueblo consideró que los jueces del país requiere una mayor capacitación para ver casos de violencia contra la mujer.

Lima, 11 Mayo 2019, (ANDINA).- La Defensoría del Pueblo consideró que los jueces del país requiere una mayor capacitación para ver casos de violencia contra la mujer, con la finalidad de atender mejor denuncias por feminicidio y delitos sexuales.

Según este organismo, luego de una supervisión realizada en 32 de las 34 Cortes Superiores de Justicia ubicadas a nivel nacional, un 75 por ciento de jueces y juezas especializados en lo penal admitió no haber recibido capacitación para aplicar la Ley 30364 (Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar), y solo el 24 por ciento si contaba con la preparación respectiva.

“Esta falta de capacitación sería una de las causas de la escasa respuesta judicial al contexto de violencia que viven las mujeres desde niñas en el país, justamente por su condición de mujeres”, señala una nota emitida por la Defensoría del Pueblo.

Al ser consultados, sobre si contaban con preparación en la atención de casos de delitos sexuales, 62 por ciento de jueces y juezas reconoció que no frente a 35 por ciento que dijo sí. En tanto, sobre el abordaje de feminicidios, 58 por ciento respondió que no había recibido capacitación y 40 por ciento, sí.

Para la Adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, Eliana Revollar, la percepción social de impunidad frente a estos casos “es preocupante”.

“En el 2018, nuestro país registró una de las tasas más altas de feminicidios con 149 casos consumados y 304 mujeres que resistieron al ataque criminal; y hasta noviembre de dicho año, solo se registraron ocho sentencias por el citado delito consumado”, agregó.

Este año, el Ministerio Público ya registró 64 muertes violentas de mujeres, de los cuales 33 ya han sido comprobados como feminicidios y 31 están en proceso de investigación.

De acuerdo con Revollar, a la demora en las sentencias en estos casos, se suma la revictimización que denuncian las mujeres cuando acuden a las instituciones en búsqueda de justicia.

“Suelen cuestionar su declaración y su comportamiento, justifican a los agresores o la excesiva carga procesal para dedicarse a asuntos domésticos”, refirió.

La supervisión de la Defensoría del Pueblo se realizó en octubre de 2018 y abarcó a 317 jueces y juezas penales de 32 jurisdicciones: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Lima Este, Lima Norte, Lima Sur, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Santa, Selva Central, Sullana, Tacna, Tumbes, Ucayali y Ventanilla.

Finalmente, Revollar recordó que está pendiente la implementación del Centro de Altos Estudios contra la Violencia hacia Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, conforme lo estipula el artículo 44° de la Ley N° 30364.

Este centro coordinaría con la Academia de la Magistratura, la Escuela del Ministerio Público, el Centro de Investigaciones Judiciales del Poder Judicial, el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, universidades y centros de investigación.

Print Friendly, PDF & Email