El ex procurador anticorrupción, Julio Arbizu, opinó que no existe ningún argumento legal que pueda revertir la prisión preventiva de 36 meses contra Keiko Fujimori.

Lima, 02 Mayo 2019, (ANDINA).- El ex procurador anticorrupción, Julio Arbizu, opinó que no existe ningún argumento legal que pueda revertir la prisión preventiva de 36 meses que dictó el Poder Judicial contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

“No creo que haya argumentos legales que permitan su liberación. Los argumentos que dieron lugar a la prisión preventiva fueron contundentes”, declaró Arbizu a la Agencia Andina.

El exabogado del Estado se pronunció así sobre el recurso de casación que interpuso la defensa legal de la lideresa de Fuerza Popular y dijo que le resulta difícil pensar en que Fujimori logrará una resolución favorable.

“A lo que podría apelar su defensa es a una variación de la medida que tendría que ver con cambios en la situación que dio lugar a su prisión preventiva, como las condiciones de arraigo, el cese de la perturbación de la actividad probatoria. Solo en ese caso su defensa podría solicitar una variación de la medida”, explicó.

Por ello, consideró que no tendría sentido insistir con los mismos argumentos que la defensa esgrimió cuando presentó el recurso apelación contra la medida restrictiva que cumple Fujimori.

Consultado si Fujimori podría recurrir al Tribunal Constitucional (TC) y ampararse en el fallo que liberó al expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia; Arbizu precisó que la mencionada resolución limita los requisitos para la imponer la prisión preventiva, pero que todo ello ha sido previsto por el Poder Judicial.

“El fallo limita un poco los requisitos para la imposición de una prisión preventiva. Establece el marco de referencia para los jueces, pero entiendo que eso ha sido previsto por el Poder Judicial en caso Keiko Fujimori y todos los demás investigados y procesados”, refirió.

El 31 de octubre del año pasado, el juez Richard Concepción Carhuancho aprobó el pedido del fiscal José Domingo Pérez y ordenó 36 meses de prisión preventiva para la lideresa de Fuerza Popular en el proceso penal que se le sigue por presuntamente haber lavado activos ilícitos de Odebrecht.

La abogada Giuliana Loza apeló la medida ante la Segunda Sala Penal de Apelaciones que el 4 de enero último declaró infundado el recurso. Tras ello, la defensa legal presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema, el cual fue admitido a trámite esta semana.