El presidente del TC, Ernesto Blume, afirmó que el fallo que declara inconstitucionalidad los cambios referidos a la cuestión de confianza, es “obligatorio a futuro”.

Lima, 07 de Noviembre 2018, (ANDINA).- El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, afirmó que el fallo unánime que declara inconstitucionalidad los cambios al Reglamento del Congreso referidos a la cuestión de confianza, es “obligatorio a futuro para todos”.

Indicó que el pleno del TC llegó a una posición “de concordancia” en la parte resolutiva, por lo que no hay votos singulares, considerando que era inconstitucional la modificación que hizo el Parlamento a su reglamento interno.

“Tenemos una sentencia por unanimidad que revela un criterio interpretativo del Tribunal Constitucional en una determinada línea y ese criterio interpretativo marca nuestra posición y, además, esa sentencia es obligatoria a futuro para todos, sin excepción”, manifestó en RPP.

En ese sentido, explicó que cuando se efectúa una reforma que afecta uno de los aspectos que refleja la Constitución, el TC “ha dicho que puede ser revisada y anulada”.

Blume precisó que una de las claves para que funcione el sistema constitucional, es el respeto escrupuloso a las competencias de cada órgano, ente o institución pública.

“Es decir, la Constitución diseña un marco de distribución del poder político, señalando que competencia tiene cada uno ¿por qué? porque eso permite mecanismos de intercontrol y de compensación del poder y evita su concentración y abuso”, refirió.

Explicó que fue declarado inconstitucional porque se cometieron infracciones a los artículos 105 y 134 de la Carta Magna.

“En cuanto al artículo 105 este señala como norma general que ningún proyecto de ley puede sancionarse sin haber sido previamente aprobado por la respectiva comisión dictaminadora y dice, salvo excepción señalada en el Reglamento del Congreso. Esto debe ser una excepción, no una regla”, dijo.

Sobre el artículo 134 de la Constitución, sostuvo que la modificatoria al condicionar el nuevo Gabinete Ministerial, interfiere con la potestad “exclusiva y excluyente” del presidente de la República.