El Poder Judicial confirmó el fallo de 36 meses de prisión preventiva contra cinco personas, implicados en presuntos actos de corrupción  en agravio de la ONP.

Lima, 23 de Agosto 2018, (ANDINA).- El Poder Judicial confirmó el fallo de 36 meses de prisión preventiva contra cinco personas, entre abogados y exfuncionarios públicos, implicados en presuntos actos de corrupción y lavado de activos en agravio de la Oficina Nacional Previsional (ONP).

La medida alcanza al exdirector general de Gestión de Recursos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Jorge Noziglia Chávari; el exgerente de la ONP, Ricardo León Dueñas; la exjueza supernumeraria Rosmery Velásquez Cano, el abogado Hernán Costa Alva y su hijo Néstor Antonio Costa López.

Los jueces del Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios concluyeron que la medida está sustentada en la existencia de suficientes elementos de convicción de que los investigados conformarían una organización criminal prevista en la Ley 30077.

Además, que habrían buscado beneficios indebidos a través de procesos judiciales laborales o pensionarios “comprando” la voluntad de los funcionarios encargados de viabilizar las transferencias de fondos o modificar partidas presupuestales de las entidades estatales.

A la cabeza de esta organización, según la Fiscalía, estaría el abogado Costa Alva, quien habría buscado el patrocinio de procesos judiciales en los cuales desarrollaba actos encaminados a obtener beneficios irregulares.

En ese sentido, habría realizado actos de corrupción de funcionarios para que estos emitan una opinión favorable y sean intermediarios en la habilitación de partidas presupuestales para el pago de beneficios sociales a la Asociación de Cesantes y Jubilados de la Empresa Nacional de Puertos (Acjenapu) por un monto de 21 millones 617,011 soles.

De ese monto, la Acjenapu dispuso el pago por honorarios profesionales a Costa Alva por 19 millones 359,310 soles (90% del monto depositado), dinero que, posteriormente, este último transfirió a cuentas de los demás implicados.

La sala que confirmó la medida cautelar está presidida por la jueza superior Susana Castañeda Otsu e integrada por Juan Guillermo Piscoya y Oscar Burga Zamora.

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