El congresista César Segura aseguró que “no habrá blindaje” “ni venganza” en el informe que será entregado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Lima, 22 de Abril 2018, (ANDINA).- El congresista César Segura, encargado determinar los hechos materia de la denuncia constitucional contra los congresistas Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel, aseguró que “no habrá blindaje” “ni venganza” en el informe que será entregado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
En declaraciones a la Agencia Andina, indicó que su filiación a la bancada Fuerza Popular, la misma que presentó el video donde se observa a los mencionados parlamentarios presuntamente negociando votos en contra de la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, no será una limitación para realizar un trabajo objetivo.
“La independencia está garantizada, pertenezco a la bancada Fuerza Popular y sin embargo soy uno de los mayores críticos del gobernador regional de Ica que es de nuestro partido”, sostuvo.
Consultado sobre las versiones que dan cuenta de un posible entendimiento entre los hermanos Keiko Fujimori y Kenji Fujimori, tras sus diferencias políticas por la vacancia presidencial, Segura dijo desconocer ello y subrayó que su informe no tendrá ningún “blindaje” “ni venganza”.
“Siempre hemos dichos que Fuerza Popular es un partido, no es el apellido de nadie, bajo ese precepto actuamos con independencia”, refirió.
Precisó que el Congreso y el país tienen derecho a saber cómo sucedieron los hechos que forman parte de la denuncia constitucional por la presunta compra de votos de parte del bloque fujimorista liderado por Kenji Fujimori a cambio de acceder a obras en el Ejecutivo.
Aseguró que los hechos se determinarán en base a las pruebas, los testimonios y los descargos que deben formular los tres parlamentarios comprendidos en la denuncia constitucional.
“El tema es delicado, debe haber responsabilidad”, indicó tras precisar que una vez vencido el plazo de cinco días para que los congresistas Fujimori, Bocángel y Ramírez presenten sus descargos, se inicia el plazo de cinco días para entregar el informe.
Una vez determinados los hechos y presentadas las pruebas, la Subcomisón de Acusaciones Constitucionales iniciará una investigación política contra los referidos parlamentarios, la cual podría puede concluir con el desafuero o expulsión del Congreso.
