Allanamientos del caso Odebrecht fueron exitosos, destaca Poder Judicial

El juez Manuel Chuyo informó que los allanamientos con descerraje, así como los registros domiciliarios en 12 inmuebles vinculados a cuatro investigados en el caso Odebrecht, fueron ejecutados de manera satisfactoria.

Lima, 23 Noviembre 2017, (ANDINA).- El juez Manuel Chuyo, miembro del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, informó que los allanamientos con descerraje, así como los registros domiciliarios e incautaciones en doce inmuebles vinculados a cuatro investigados en el caso Odebrecht, fueron ejecutados de manera satisfactoria.

Los inmuebles allanados están vinculados al funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas, Pedro Valentín Cobeñas Aquino; al exprocurador del Ministerio de Defensa, Héctor Ismael Gutiérrez Quispe; y a los hermanos Samuel Carlos y Carlos José Campusano Dulanto, informó el Poder Judicial.

Las medidas fueron requeridas por el interés de incautar documentos, bienes y objetos de interés para la indagación que involucra a los antes mencionados y al exministro de Defensa, Mariano González, investigados por el delito contra la administración pública, en la modalidad de tráfico de influencias y lavado de activos.

Esta investigación preliminar abarca hechos que datan de 2013 hasta 2016 en que presuntamente la empresa Odebrecht hizo pagos indebidos para obtener favorecimientos en la ejecución de la obra mejoramiento de transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento del Cusco, a cargo del Gobierno Regional.

La investigación incluye, además, los orígenes de los presuntos aportes que el exministro González Fernández habría realizado a la campaña presidencial pasada.

El juez ordenó el allanamiento de tres inmuebles vinculados a Cobeñas Aquino, ubicados en Pueblo Libre, Bellavista y Callao; otros tres ubicados en San Miguel, Magdalena y San Borja, pertenecientes a Gutiérrez Quispe.

También para cuatro propiedades de Samuel Carlos Campusano Dulanto y dos de su hermano Carlos José, en Cusco y Lima.

El presunto caso de corrupción en las obras ejecutadas por el gobierno regional del Cusco con la constructora brasileña Odebrecht es investigado por el Sistema Especializado en Corrupción de Funcionarios, creado en marzo de este año.

Caso Mariano González

Por otro lado, la coordinadora del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, Susana Castañeda Otsu, precisó hoy que el Poder Judicial decidirá la detención preliminar del exministro de Defensa y parlamentario andino, Mariano González, si la Fiscalía formula ese requerimiento.

“Si el Ministerio Público solicita una medida restrictiva de derechos el juez tiene que emitir la resolución que corresponda y decidirá si en su caso, dada su inmunidad parlamentaria, es necesario aplicar el mecanismo de la prerrogativa procesal que establece el Parlamento Andino”, anotó.

La magistrada sostuvo que en el requerimiento presentado por el equipo especial de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción, sobre medidas limitativas a diversos investigados, no fue solicitada la detención preliminar del exministro de Defensa.

En tal sentido, se informó que el Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo del juez Manuel Chuyo Zavaleta, no dispuso esta medida cautelar en su contra porque no fue solicitada.

Asimismo, ese juzgado declaró infundado el allanamiento, registro domiciliario e incautación de los inmuebles vinculados con González, porque el juez verificó que la información que la Fiscalía pretendía recabar con el allanamiento, ya estaba en poder de esta.

Se informó que se trataba de un supuesto contrato ficticio suscrito entre Gonzáles Fernández y Odebrecht Ingeniería y Construcción SAC, un comprobante que acreditaría el depósito efectuado a su favor por parte de Odebrecht, y otro que certificaría el depósito a favor del partido Peruanos por el Kambio.

En ese sentido, el referido magistrado desestimó el requerimiento fiscal debido a que no encontró motivos de la necesidad de realizar un “acto urgente e inaplazable” como lo planteó la Fiscalía.

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