Apurímac: PJ ordena prisión preventiva por 9 meses contra exgobernador regional

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Abancay, ordenó la prisión preventiva por nueve meses del exgobernador de Apurímac, Elias Segovia Ruiz.

Apurímac, 17 Junio 2017, (ANDINA).- El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Abancay, ordenó la prisión preventiva por nueve meses del exgobernador de la región Apurímac, Elias Segovia Ruiz, y cuatro exfuncionarios de su gestión, a quienes se les atribuye, presuntamente, haberse apoderado de más 650,000 soles de dicha entidad para su campaña a la reelección en el año 2014.

Los otros procesados son Guillermo Ligarda Casis, Edison Zegarra Vivanco, Jhon Toalino Riveros y Robinson Salazar Moreano. En vista de que ninguno acudió a la audiencia pública, el juez José Ricardo López Mantilla, dispuso su inmediata ubicación y captura para su internamiento en el penal que designe el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe).

Para fundamentar el gasto, según el requerimiento fiscal, los investigados presentaron boletas de viáticos falsas y recibos por honorarios de personas, quienes declararon que nunca prestaron servicios al Gobierno Regional.

Entre estos documentos existiría una boleta firmada, presuntamente por Segovia Ruiz, por un monto de 48,000 soles, dinero que se habría utilizado para pagar el alquiler de una camioneta utilizada en su campaña proselitista.

Basado en estos elementos de prueba, el juez José Ricardo López Mantilla, declaró fundada la solicitud de la prisión preventiva por el plazo antes indicado, mientras el Ministerio Público concluye las investigaciones.

Los delitos investigados son falsedad Ideológica, peculado doloso y uso de documento falso en agravio del Estado, por lo que la prognosis de la pena a imponérseles, en caso de ser condenados, sería mayor a cuatro años, requisito que exige el Código Procesal Penal para disponer la prisión.

En el año 2016, el juez López Mantilla también ordenó la prisión de Segovia Ruiz por incumplir el pago de una caución económica impuesta en otro proceso judicial que este tiene en trámite.

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