El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodriguez, aseguró que el fallo de la justicia de Chile al expresidente Alberto Fujimori, habilita a procesarlo por casos pendientes en nuestro país.
Lima, 06 Junio 2017, (ANDINA).- El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodriguez, aseguró que el fallo de la justicia de Chile, que amplía los cargos en la extradición al expresidente Alberto Fujimori, habilita a este poder del Estado a procesarlo por casos pendientes en nuestro país.
En ese marco, consideró previsible que se generen otros procesos judiciales contra Fujimori Fujimori, quien cumple una condena de 25 años por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado en el caso de La Cantuta y Barrios Altos.
Hoy se informó que la Corte Suprema de Chile amplió los cargos en la extradición del expresidente Fujimori por los delitos de lesa humanidad y asociación ilícita, y además desestimó el delito de peculado.
Al respecto, Duberlí Rodríguez indicó que se trata de un fallo que habilita a la justicia peruana a procesarlo por estos dos nuevos ilícitos, mas no de una sentencia.
“Serán los tribunales nacionales los que dirán si corresponde o no (sentenciarlo) por lesa humanidad. Ese es un tema de doctrina en el derecho penal; los juristas y jueces tienen posiciones discrepantes, no voy a decir cuál es mi punto de vista”, refirió.
Precisó también que el nuevo proceso que se le abrirá seguirá su camino, distinto al que sigue en el Poder Judicial la apelación al «habeas corpus» para liberarlo que presentó su hija, Keiko Fujimori.
Caso contralor
Duberlí Rodríguez indicó, por otro lado, que la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN-Anticorrupción), que también preside, le ha pedido al contralor Edgard Alarcón abstenerse de concurrir a esa instancia hasta aclarar las denuncias en su contra.
“Es una solicitud, no es una sanción; como toda persona sujeta a una investigación será esta la que establezca su responsabilidad, cada uno es responsable de sus actos”, comentó.
Sobre el audio de la conversación entre el contralor Edgard Alarcón y el ministro de Economía, Alfredo Thorne, difundido en un medio de comunicación, explicó que grabar las conversaciones constituye una violación de los derechos fundamentales.
“Ahora vendrá la polémica de si cuando dos personas conversan es posible grabar y si es ilícita la prueba; esa discusión tendrá lugar cuando se presente la denuncia”, apuntó.
