{"id":16977,"date":"2017-10-15T14:18:10","date_gmt":"2017-10-15T19:18:10","guid":{"rendered":"http:\/\/elinformanteperu.com\/?p=16977"},"modified":"2017-10-15T14:18:10","modified_gmt":"2017-10-15T19:18:10","slug":"justicia-fiscal-para-garantizar-el-derecho-a-la-educacion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elinformanteperu.com\/index.php\/2017\/10\/15\/justicia-fiscal-para-garantizar-el-derecho-a-la-educacion\/","title":{"rendered":"Justicia fiscal para garantizar el derecho a la educaci\u00f3n"},"content":{"rendered":"

Opini\u00f3n de Cristina \u00c1lvarez. El lugar prioritario que ocupa la educaci\u00f3n en la agenda pol\u00edtica y social no se ve respaldado por una financiaci\u00f3n adecuada.<\/span><\/strong><\/p>\n

Madrid, 15 Octubre 2017, (Especial para El Informante Per\u00fa).-<\/strong> La Campa\u00f1a Mundial por la Educaci\u00f3n se une a la Alianza Global por la Justicia Fiscal, Oxfam, Action Aid y otras organizaciones en defensa de pol\u00edticas fiscales m\u00e1s progresivas que garanticen la financiaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos de calidad<\/span><\/p>\n

La prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos de calidad permite redistribuir los ingresos, luchar contra la pobreza y la desigualdad y promover la igualdad de oportunidades. Todo el mundo parece estar de acuerdo con la idea de que la educaci\u00f3n es un pilar b\u00e1sico para el presente y el futuro de nuestras sociedades, el motor que hace avanzar al mundo por el camino del progreso y una de las principales herramientas para luchar contra la pobreza y la desigualdad. Cuando desde las organizaciones sociales nos movilizamos para defender el derecho de todas las personas a una educaci\u00f3n gratuita y de calidad, el consenso pol\u00edtico y social es pr\u00e1cticamente absoluto. Este acuerdo ha quedado reflejado, negro sobre blanco, en diversos compromisos internacionales, entre los que destacan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015.<\/span><\/p>\n

El cuarto de ellos compromete a los Estados a \u201cgarantizar una educaci\u00f3n inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos\u201d, a trav\u00e9s de una serie de metas relativas al acceso a la educaci\u00f3n, la igualdad de g\u00e9nero, la equidad educativa y el profesorado. Este objetivo, que debe alcanzarse en el a\u00f1o 2030, aplica a todos los pa\u00edses, independientemente de su nivel de desarrollo y situaci\u00f3n econ\u00f3mica. Es decir, tambi\u00e9n afecta al sistema educativo espa\u00f1ol, e impone a nuestro pa\u00eds una doble obligaci\u00f3n: como donantes, debemos volver a la senda de asignar el 0,7% de nuestra renta nacional bruta a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), y dedicar al menos el 8% de esa ayuda a la educaci\u00f3n b\u00e1sica.<\/span><\/p>\n

Pero tambi\u00e9n en nuestro pa\u00eds tenemos que trabajar para cumplir con las metas establecidas por el ODS4 y, teniendo en cuenta que somos el segundo pa\u00eds de Europa con mayor tasa de abandono escolar prematuro. Los partidos pol\u00edticos est\u00e1n impulsando un pacto de Estado por la Educaci\u00f3n que aspira a ser un acuerdo pol\u00edtico, social y territorial amplio que sobreviva durante diversas legislaturas.<\/span><\/p>\n

No hay dinero, dicen. El caso es que, entre 2010 y 2012, Espa\u00f1a redujo el presupuesto educativo en un 12%, frente al 3% de la media europea; aunque lo cierto es que nuestro pa\u00eds ha invertido en educaci\u00f3n menos que sus hom\u00f3logos de la UE y la OCDE.<\/span><\/p>\n

En cuanto a nuestras obligaciones, los datos pintan un panorama todav\u00eda m\u00e1s negro: la AOD espa\u00f1ola se ha recortado en m\u00e1s de un 65% entre 2008 y 2015, y en el caso concreto de la destinada a educaci\u00f3n, la reducci\u00f3n ha sido a\u00fan mayor (de un 90%, pasando de 354 a 34 millones de euros en ese mismo periodo).<\/span><\/p>\n

El lugar prioritario que presuntamente ocupa la educaci\u00f3n en la agenda pol\u00edtica y social no se ve respaldado por una financiaci\u00f3n adecuada que permita garantizar el derecho a la educaci\u00f3n de todos los ciudadanos y ciudadanas. Llegados a este punto cabe preguntarse \u00bfqu\u00e9 pueden hacer los Gobiernos para que su compromiso con la educaci\u00f3n vaya m\u00e1s all\u00e1 del discurso?<\/span><\/p>\n

Todos nos hemos familiarizado con esc\u00e1ndalos como los \u201cLuxembourg Leaks\u201d (o la amnist\u00eda fiscal ilegal decretada por el Gobierno espa\u00f1ol en 2012), pero quiz\u00e1 no seamos del todo conscientes de su verdadero impacto. Se estima que el fraude fiscal en Espa\u00f1a asciende a 59.500 millones de euros, una cifra superior al presupuesto total destinado a educaci\u00f3n en el a\u00f1o 2016. El 72% del fraude fiscal en Espa\u00f1a corresponde a las grandes fortunas y a las grandes empresas, cuya presencia en para\u00edsos fiscales se increment\u00f3 en un 10% entre 2013 y 2014. Miles de millones de euros perdidos por las arcas p\u00fablicas que podr\u00edan haberse destinado a garantizar la prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos de calidad, incluyendo la inversi\u00f3n en educaci\u00f3n, tanto en nuestro pa\u00eds como en los pa\u00edses en desarrollo (a trav\u00e9s del incremento de la AOD).<\/span><\/p>\n

La prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos de calidad no s\u00f3lo es una herramienta que permite redistribuir los ingresos, luchar contra la pobreza y la desigualdad y promover la igualdad de oportunidades, sino que es el principal mecanismo que permite a los Gobiernos garantizar derechos como la salud o la educaci\u00f3n. Desde la Campa\u00f1a Mundial por la Educaci\u00f3n nos unimos a la Alianza Global por la Justicia Fiscal y otras organizaciones para exigir a los Gobiernos que se unan para luchar contra el fraude fiscal y los para\u00edsos fiscales, adem\u00e1s de aplicar pol\u00edticas fiscales progresivas que permitan una verdadera redistribuci\u00f3n de los recursos que garantice la igualdad de oportunidades.<\/span><\/p>\n

Es el momento de pasar de las palabras a los hechos: garantizar la prestaci\u00f3n de unos servicios p\u00fablicos de calidad y aumentar el presupuesto de educaci\u00f3n es posible. S\u00f3lo hay que querer y exigir los medios.<\/span><\/p>\n

(*) Coordinadora CME Espa\u00f1a.<\/span><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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