El Poder Judicial desestimó la apelación presentada por la defensa técnica de la exprimera dama Nadine Heredia y otros investigados contra la resolución que ordenó el allanamiento y registro de sus domicilios.

Lima, 26 Septiembre 2019, (ANDINA).- El Poder Judicial desestimó la apelación presentada por la defensa técnica de la exprimera dama Nadine Heredia y otros investigados contra la resolución que ordenó el allanamiento y registro de sus domicilios, en el marco de las indagaciones por el caso Gasoducto Andino del Sur.

La apelación fue presentada el pasado 12 de julio por Heredia Alarcón, Dicky Edwin Quintanilla Acosta y Elda Patricia Díaz Gazzolo contra la resolución del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en delitos de Corrupción de Funcionarios que dispuso la medida a pedido de la fiscalía

La resolución de la Primera Sala Penal de Apelaciones en Delito de Corrupción de Funcionarios establece que dicha medida resulta necesaria para las investigaciones dado que están direccionadas a la obtención de material probatorio que permita el total esclarecimiento de los hechos delictivos objeto de la indagación.

Señala además, contrariamente a lo que cuestionan Heredia Alarcón y los demás coimputados, que los hechos investigados están acreditados en declaraciones de testigos y otras evidencias, y que las indagaciones permitirán determinar la vinculación de todos ellos con este caso.

En ese sentido, la Sala precisa que “la restricción de la inviolabilidad de domicilio e incautación resultan idóneas, necesarias y proporcionales a la gravedad de los hechos que se investigan y se atribuyen a los recurrentes, toda vez que el objetivo de la investigación no puede ser alcanzado con la aplicación de medidas menos gravosas”.

Concluyen por ello confirmando la resolución en primera instancia que dispuso el allanamiento de inmuebles en Surco y Miraflores y la incautación de los bienes necesarios para las investigaciones.

La ex primera dama y los demás coimputados son investigados por la presunta comisión de los delitos de colusión agravada y negociación incompatible en agravio del Estado.

En la actualidad la fiscalía investiga a un total de 26 personas relacionadas al caso, entre las que se encuentran ex funcionarios públicos, así como directivos de las empresas consorciadas y abogados que emitieron informes beneficiosos para las mismas.

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