La Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró que urge transparencia en el proceso de selección de magistrados del Tribunal Constitucional.

Lima, 26 Septiembre 2019, (ANDINA).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró que urge transparencia en el proceso de selección de magistrados del Tribunal Constitucional (TC) del Perú.

Mediante un comunicado, la CIDH expresó “su preocupación por las denuncias de falta de publicidad y transparencia en el proceso de selección de seis magistrados del Tribunal Constitucional”.

Advirtió que, de acuerdo con información recibida, no se habrían hecho públicos los criterios de selección utilizados por la Comisión Especial del Congreso para seleccionar a los candidatos, toda vez que el acta de deliberación del 18 de setiembre, señala únicamente que los aspirantes son propuestos a criterio propio de la comisión.

Asimismo, señaló que no se habrían facilitado espacios de participación de las organizaciones de la sociedad civil.

La CIDH observó que el proceso de selección se realiza “en un contexto político marcado por denuncias e investigaciones iniciadas sobre la participación de funcionarios de diversas entidades del sistema judicial en actos de corrupción, a través de tráfico de influencias, ‘favorecimiento’ personal, abuso de poder y prevaricato”.

De igual forma “por procesos de selección de operadores de justicia que habrían sido afectados por la alegada existencia de un esquema de corrupción y de tráfico de influencias”.

Según remarcó, todo proceso de selección debe garantizar los principios de publicidad y transparencia, asegurando que sea abierto al escrutinio y participación de los sectores sociales.

Además, recordó que se deben asegurar que tales procesos no sean hechos o puedan ser percibidos por la ciudadanía como decididos con base en razones de carácter político, afectando la convicción de los justiciables en su actuar independiente.

“Para lograr lo anterior resulta indispensable que se cumplan principios tales como la difusión previa de las convocatorias, plazos y procedimientos; la garantía de acceso igualitario e incluyente de las y los candidatos; la participación de la sociedad civil y la calificación basada en el mérito y las capacidades profesionales”, añadió la CIDH.

Sobre este último aspecto consideró que los riesgos que conllevan en sí mismos los nombramientos a cargo de órganos políticos, se incrementan por la falta de especificación de criterios objetivos de selección que garanticen que los operadores de justicia sean personas íntegras, las más idóneas, que cuenten con la formación y calificaciones jurídicas apropiadas, de acuerdo con la singularidad y especificidad de la función que van a desempeñar.

“Este requerimiento, como ya lo ha señalado la CIDH, resulta esencial para garantizar que la elección no se hace por motivos o razones políticas, sino solo basada en el mérito y la competencia profesional, y que, además, la ciudadanía lo percibe así”, enfatizó.

Al respecto, la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, señaló que “las juezas y los jueces son actores principales para lograr la protección judicial de los derechos humanos de las personas en un Estado democrático, puesto que fungen de controladores de la convencionalidad, constitucionalidad y legalidad de los actos de otros poderes del Estado”.

Por su parte, el comisionado Joel Hernández, relator para Perú, hizo un un llamado a las instancias nacionales competentes para que adopten las medidas necesarias a fin de garantizar que este proceso de selección observe los más altos niveles conforme a los estándares interamericanos, “a fin de asegurar su independencia.”

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