El fiscal José Domingo Pérez aseguró que Jorge Yoshiyama Sasaki, obstaculizó e intentó perturbar la investigación por lavado de activos.
Lima, 09 de Noviembre 2018, (ANDINA).- El fiscal José Domingo Pérez aseguró que Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino del dirigente de Fuerza Popular, Jaime Yoshiyama, no solo coordinó la búsqueda de aportantes falsos para la campaña de Keiko Fujimori, sino que también obstaculizó e intentó perturbar la investigación por lavado de activos.
Durante la audiencia de prisión preventiva, mencionó que, además de buscar aportantes falsos, Yoshiyama pidió a algunos investigados cambiar el testimonio brindado ante la Policía y ante Ministerio Público, a través de los cuales aceptaron haber autorizado el uso de sus nombres como aportantes falsos.
Asimismo, con base en los testimonios de testigos protegidos y de personas que declararon abiertamente, aseguró que Yoshiyama Sasaki ofreció encargar a abogados de Fuerza Popular la defensa de las personas citadas por las autoridades para dar su versión sobre los presuntos aportes falsos.
Pérez dijo que estas actividades no se limitaron al año 2011, sino que también continuaron hasta el 2016, en plena investigación iniciada por la Fiscalía.
Indicó que se trata de actos típicos de una organización criminal dedicada al lavado de activos.
Manifestó, además, que Yoshiyama Sasaki está ubicado en el nivel de “colaboradores” de la organización criminal enquistada en el partido Fuerza 2011.
Por ello, ratificó el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra el mencionado investigado.
La defensa legal de Yoshiyama Sasaki cuestionó los argumentos del fiscal, y aseguró que las imputaciones a su defendido se formularon recién cuando se presentó el pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori y otros miembros de Fuerza Popular.
Tras escuchar los alegatos de ambas partes, el juez Richard Concepción Carhuancho suspendió la audiencia hasta mañana a las 10.00 horas.
Hasta el momento, el juez Concepción solo ha resuelto la prisión preventiva de Keiko Fujimori, para quien ordenó 36 meses de internamiento penal.