Recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas es fundamental para retomar una senda de crecimiento inclusivo y de mayor bienestar para todos en América Latina y el Caribe
Lima, 14 de abril de 2018.- Tres de cada cuatro ciudadanos de América Latina tienen poca o ninguna confianza en sus gobiernos. Y alrededor de un 80% creen que la corrupción está extendida en las instituciones públicas. Estas cifras se han deteriorado desde niveles del 55% y 67% en 2010, respectivamente. La desconfianza ciudadana crece y está llevando a una desconexión entre sociedad e instituciones públicas, poniendo así en riesgo la cohesión social y debilitando el contrato social.
El informe “Perspectivas Económicas de América Latina 2018 “Repensando las Instituciones para el Desarrollo” plantea que es necesario reconectar a las instituciones con los ciudadanos, respondiendo de mejor manera a sus demandas y aspiraciones, para fortalecer un modelo de crecimiento inclusivo y sostenible en América Latina y el Caribe (ALC). La región debe avanzar hacia instituciones más confiables, más capaces, más abiertas y más innovadoras para continuar con una senda de mayor desarrollo inclusivo.
El informe –presentado en el marco de la VIII Cumbre de las Américas- es producido de manera conjunta por el Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), y CAF –banco de desarrollo de América Latina-, en colaboración con la Comisión Europea.
Tras cinco años de ralentización económica y una recesión de dos años en 2015-2016, ALC está en una senda de recuperación suave. Según las estimaciones del informe, se proyecta que el Producto Interior Bruto (PIB) de la región crezca entre 2 y 2.5% en 2018, después de haber crecido en un 1.3% en 2017.
El informe subraya que la confianza en las instituciones, así como la satisfacción con los servicios públicos, se ha deteriorado, debilitando así el contrato social en la región. Por ejemplo, la proporción de la población satisfecha con los servicios de salud cayó de 57% en 2006 a 41% en 2016, ubicándose muy por debajo de los niveles de la OCDE – cercanos al 70%. De la misma manera, la satisfacción con el sistema educativo cayó de 63% a 56% para ese periodo.
Esto contribuye al descontento social y a la poca disposición de los ciudadanos a pagar impuestos – también llamada ‘moral tributaria’. En 2015, el 52% de los latinoamericanos, 6 puntos porcentuales más que en 2011, aseguró estar dispuesto a evadir impuestos si tuvieran la ocasión de hacerlo. El descontento social con los servicios públicos es aún mayor para la población pobre y vulnerable pues no pueden acceder a otros servicios de mejor calidad, generalmente más costosos y provistos por el sector privado.
En la presentación del informe “Perspectivas Económicas de América Latina 2018” participaron la segunda vicepresidenta de la República del Perú, Mercedes Aráoz; el presidente del Consejo de Ministros del Perú, César Villanueva; la secretaria ejecutiva de la CEPAL; Alicia Bárcena; el presidente ejecutivo de CAF, Luis Carranza; y la presidenta de la Junta de Gobierno de la OCDE y embajadora de México ante la OCDE, Mónica Aspe.
