El Ministerio Público descartó haber garantizado un blindaje legal a la empresa Odebrecht en el procedimiento para recibir las delaciones que recibirá de Brasil.
Lima, 16 Junio 2017, (ANDINA).- El Ministerio Público descartó haber garantizado un blindaje legal a la empresa Odebrecht en el procedimiento para recibir las delaciones que recibirá de Brasil, y aseguró que respetará las normas y los tratados internacionales.
Mediante un comunicado, desestimó que la delegación fiscal que viajó a Brasil para coordinar la recepción de las delaciones de Odebrecht haya firmado un compromiso de alcance general, en la cual se obliguen ante las autoridades brasileñas a no investigar, procesar ni enjuiciar a directivos de dicha empresa por probables actos delictivos en el país.
“Es por ello, se rechaza categóricamente haber garantizado un blindaje legal a Odebrecht pues cada fiscal evaluará si existe o no la necesidad de firmar dichos compromisos”, indicó.
La Fiscalía recordó que, de advertir otros hechos delictivos en el Perú, en los cuales la empresa, sus directivos u otros, se encuentren involucrados, y que no han sido de forma alguna materia de homologación ante el Tribunal Supremo del Brasil, podrían legítimamente ser investigados; por lo tanto, no existe blindaje.
Refirió, además, que la Fiscalía General de Brasil ha dado cuenta que el traslado de la información (relevante para las investigaciones del caso Odebrecht) está condicionada a la adopción de compromisos que respeten las normas de Cooperación Jurídica Internacional (Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción) y las garantías a los colaboradores en sus acuerdos firmados y homologados en el Brasil.
Esto último, precisó, significa asumir el compromiso de no procesar en el extranjero a los colaboradores o a la empresa, conforme a los límites establecidos por el Tribunal Supremo Federal Brasileño.
Sin embargo, la suscripción de estos compromisos estarían supeditados a que el fiscal no cuente con tal información o que no pueda ser obtenida por otros medios idóneos; pues en tal situación, cada fiscal evaluaría la necesidad de firmar compromisos con las autoridades brasileñas.
La delegación peruana liderada por el fiscal superior Alonso Peña Cabrera e integrada por los fiscales superiores Rafael Vela Barba y Frank Almanza Altamirano explicaron que la información de Brasil llegará por dos vías: 1) Las cartas rogatorias enviadas por la Oficina de Cooperación Judicial Internacional a pedido de los fiscales; y 2) Colaboración espontánea cuando Brasil encuentra información que puede ser útil para un país y la comparte.
Asimismo, Peña Cabrera precisó que lo actuado en Brasil no tiene ninguna relación con el acuerdo preliminar firmado por el fiscal Hamilton Castro con Jorge Barata, pues está en el marco de la legislación peruana y no se ha recurrido a la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones.
“Son procedimientos diferentes; es más, Castro luego puede recurrir a la cooperación judicial internacional”, puntualizó.
Una cosa, dijo, es respetar los tratados y convenios internacionales -Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y el Tratado de Asistencia Judicial en Materia Penal, suscrito con la República Federativa del Brasil-, y otra muy distinta es blindar a una persona de una inminente investigación.
