Fiscalía anticorrupción investiga a gobernador regional del Callao por colusión agravada

El gobernador regional del Callao, Walter Mori, y otros funcionarios, son investigados por los delitos de colusión agravada en dos casos relacionados al CAFED.

Lima, 15 Mayo 2017, (ANDINA).- El gobernador regional del Callao, Walter Mori, y otros funcionarios, son investigados por los delitos de colusión agravada en dos casos relacionados al Comité del Fondo Administrativo Educativo de esa región (CAFED), informó la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao.

En una de las investigaciones se atribuye a Walter Mori, condición de miembro de dicha comisión, haber presuntamente aprobado la exoneración del proceso de selección para dos eventos de capacitación a docentes del primer puerto el 2011. Con ello se habría generado un perjuicio de 6 millones de soles al erario nacional.

Según las investigados, diversos funcionarios del CAFED, entre ellos Mori y la gerente general, Verónica García, habrían intervenido en la programación y ejecución del evento “Formación de Formadores a nivel internacional en Liderazgo Educativo, Social y Desarrollo local de la Región Callao” y “Proyecto Puerto Lectura: Chalaco que no lee, se lo lleva la corriente”, con la participación de ponentes nacionales e internacionales.

Como parte de esta investigación, que se encuentra formalizada, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao suspendió temporalmente de su cargo a Verónica García por el plazo de dos años (de mayo de este año hasta mayo de 2019) porque existe el peligro de obstaculización de la investigación.

El otro caso, que está con acusación ante el Poder Judicial en el Callao, está también relacionado al CAFED, en los referente a la obra Instituto Simón Bolívar, ubicado en el distrito de Bellavista.

Se acusa al gobernador regional del Callao, según la fiscalía, del delito de colusión agravada en su calidad de miembro del consejo directivo del CAFED, por presuntamente haber intervenido en el proceso de licitación pública y aprobado la ejecución de la obra en su integridad.

“Posteriormente los investigados aprobaron nuevos procesos de contratación para partidas ya ejecutadas y consideradas en la licitación, lo que habría generado un perjuicio aproximado de 900, 000 soles de las arcas nacionales”, señala la fiscalía anticoprrupción.

Ambos delitos son sancionados con una pena no menor de 6 años ni mayor de 15 años.

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