Fiscal Castro está obligado a ir a comisión Lava Jato, según dictamen de Constitución

El fiscal Hamilton Castro, encargado del caso Odebrecht, está obligado a asistir a la comisión Lava Jato del Congreso, según un dictamen aprobado.

Lima, 07 Febrero 2017, (ANDINA).- El fiscal Hamilton Castro, encargado del caso Odebrecht, está obligado a asistir a la comisión Lava Jato del Congreso, según un dictamen aprobado por el grupo parlamentario de Constitución de este poder del Estado.

Dicho informe fue elaborado en respuesta a la consulta elevada por la comisión Lava Jato, la cual pidió a Constitución definir si un funcionario puede negarse a acatar una citación del Parlamento.

Esto tras la negativa del fiscal Castro de informar a la citada comisión sobre las averiguaciones de los sobornos pagados por Odebrecht a funcionarios peruanos con el fin de ganar licitaciones.

Con el aval de la máxima autoridad del Ministerio Público y de la Junta de Fiscales Supremos, Castro no acudió a la comisión investigadora, hecho que generó la incomodidad de sus integrantes.

Según el informe aprobado hoy, ninguna autoridad del país o funcionario puede negarse a acatar una citación del Congreso, pues así se encuentra establecido en la Constitución Política del país.

No obstante, de acuerdo con el documento, los funcionarios citados, como los fiscales, no están obligados a responder preguntas que consideren perjudiciales para la reserva de los procesos y de las investigaciones.

El presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, Miguel Torres, expresó su confianza en que la discrepancia entre el Ministerio Público y el Congreso por este tema se solucione a través del diálogo.

Recordó que existen medidas para obligar a los funcionarios a acudir a las citaciones del Congreso.

Entre ellas, mencionó las citaciones de grado o fuerza, aunque expresó su confianza en que no será necesario llegar a ese extremo.

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, ratificó hoy que la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público no ha autorizado a Castro a acudir a la comisión Lava Jato, pues ello pondría en riesgo la reserva de las investigaciones, y reiteró que el Ministerio Público es una entidad autónoma que realiza investigaciones técnicas y no políticas.

Algunos parlamentarios han llegado a plantear la posibilidad de denunciar constitucionalmente a Sánchez por este tema.

Castro dirige las pesquisas del Ministerio Público sobre los sobornos pagados por Odebrecht a funcionarios en el Perú entre el 2005 y el 2015, es decir, durante los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

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