El presidente de la Comisión Lava Jato, Víctor Albrecht, no descartó la posibilidad que sea comprendido en la indagación algunos ex mandatarios e incluso al presidente Kuczynski.

Lima, 20 Enero 2017, (El Informante Perú).- El presidente de la Comisión del Congreso que investiga el presunto pago de sobornos y coimas de empresas brasileñas para obtener contratos con el Estado, Víctor Albrecht (FP), anunció que de todas maneras serán citados los funcionarios estatales o privados que directa o indirectamente han participado en estas presuntas irregularidades y no descartó la posibilidad que sea comprendido en la indagación a algunos ex mandatarios e incluso el actual presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski.

“Se ha planteado y ese será un acuerdo que será adoptado en conjunto (con los demás integrantes de la comisión parlamentaria). No se ha definido. Pero definitivamente van a ser citados todos aquellos involucrados en estos hechos de corrupción”, dijo.

Albrecht ,dijo que el representante de Odebrecht en el Perú, Mauricio Cruz, será uno de los serán citados al seno de la comisión investigadora pero no necesariamente después del 30 de enero tal como éste lo solicitó formalmente al excusarse de presentarse hoy a este grupo de trabajo.

Estas declaraciones fueron formuladas al término de la prolongada sesión de casi seis horas de la comisión investigadora en donde el contralor general de la República, Edgar Alarcón, expuso los alcances de la acción de control que ha llevado la Contraloría a las empresas brasileñas Odebrecht, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvao, Camargo Correa, Constructora OAS, entre otras.

En resumen, la Contraloría ha encontrado que dichas empresas brasileñas han participado-entre los años 2004 hasta el 2015- en 51 proyectos de infraestructura pública por un monto de 22 mil 726 millones de dólares y que ha traído consigo un perjuicio económico al Estado ascendente a 319 millones de dólares.

Y con respecto a los proyectos ejecutados antes del 2004, Alarcón se cuidó en precisar que la Contraloría General de la República está todavía recabando información y que estará listo dentro de dos semanas.

El congresista Albrecht informó además que el contralor ha entregado al grupo investigador un total de 22 informes de control que se encuentran judicializados desde los últimos 8 a 10 años y que aún no tienen sentencia judicial.

Esta documentación será estudiada por los legisladores con el apoyo especializado de personal acreditado por el ente de control “y hacer los procesos investigatorios. Definitivamente este acervo documentario que nos ha traído hoy el contralor es muy importante para seguir una línea de acción en un trabajo responsable para llegar a las conclusiones de nuestro trabajo”.

Por su parte, el contralor general de la República, Edgar Alarcón, denunció entre los años 2004 al 2015 se han dictado once normas -entre leyes y decretos de urgencia- orientados a viabilizar la ejecución de proyectos de inversión por parte de empresas brasileñas -encabezadas por Odebrecht- en diversas obras de infraestructura pública y que a la vez limitaron la capacidad del ente controlar en el proceso de emisión de la opinión previa.

De todas estas disposiciones legales, el contralor Alarcón se detuvo en la Ley 28670 -promulgado el 26 de enero del 2006 con las rubricas del presidente Alejandro Toledo y el refrendo del entonces presidente del Consejo de Ministros, Pedro Pablo Kuczynski- porque bajo la declaratoria de “necesidad pública e interés nacional diversos proyectos de inversión” se impulsó el proyecto Olmos, el Eje Multimodal del Amazonas Norte, IIRSA; el corredor vial interoceánico Sur Perú-Brasil; la represa de Angostura (Arequipa) y la Linea 1 del tren urbano de Lima y que trajeron millonarios perjuicios económicos al Estado Peruano porque no hubo controles

“La ley 28670 regularizó todo acto administrativo fuera de la norma durante los procesos de contratación y de inversión y entonces la Contraloría lo observó porque no se cumplía con el SNIP y se limitó nuestro trabajo. Pero no nos quedamos ahí. Al final hicimos nuestros informes y los alcanzamos todos esos hechos a la Presidencia del Consejo de Ministros, al Congreso, a la Fiscalía. Les hicimos saber que esa norma para nosotros no tenía el sustento legal para que fuera emitida en su momento. La verdad que esta norma ha permitido beneficiar no solamente a empresas brasileñas”, dijo.

Alarcón calculó que más de 150 personas -entre personas naturales y Jurídicas- e incluso ex funcionarios públicos como mandatarios y ministros de Estado estarían comprendidos con responsabilidades penales, civiles y administrativas en los 22 informes de acciones de control, los mismos que están en pleno proceso tanto en la Fiscalía como en el Poder Judicial.

“He dicho a la comisión investigadora que nos ayude a que esto (los 22 informes) sean resueltos para iniciar medidas cautelares y pedir prisión. ¡Empecemos por ahí!, indicó.

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