El Poder Ejecutivo aprobó el Plan Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas durante el periodo de violencia entre los años 1980 y el 2000.

Lima, 25 Diciembre 2016, (ANDINA).- El Poder Ejecutivo aprobó el Plan Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas durante el periodo de violencia entre los años 1980 y el 2000 para que sea asumido como una política pública.

La violencia vivida en el Perú entre los años 1980 y 2000 dejó como saldo miles de personas desaparecidas, cuyas familias no conocen hasta hoy su paradero; más aún, a la fecha no se cuenta con información precisa e inequívoca sobre el universo de las personas desaparecidas, señala la resolución del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), publicada hoy el diario oficial El Peruano.

Precisa que el Tribunal Constitucional ha señalado que el derecho a la verdad en casos de graves violaciones a los Derechos Humanos como la desaparición forzada, es un derecho autónomo y constitucional, considerando que éste se fundamenta en la dignidad del hombre y en los principios del Estado democrático de derecho.

Agrega que si bien a la fecha se ha logrado ubicar, recuperar, identificar y entregar restos mortales de un grupo de personas desaparecidas a sus respectivos familiares, todavía queda mucho por hacer.

“Si bien este avance es importante resulta insuficiente frente a la magnitud del problema, por lo que se hace necesario, adoptar una política pública de búsqueda de personas desaparecidas”, señala la resolución.

El Minjus recordó que mediante la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante el período de violencia 1980-2000 (ley 30470) se dispuso priorizar el enfoque humanitario que tiene por finalidad una atención centrada en el alivio del sufrimiento, la incertidumbre y la necesidad de respuesta a los familiares, articulando y disponiendo las medidas relativas a la búsqueda, recuperación, análisis, identificación y restitución de los restos humanos.

Que, conforme a los artículos 4 y 5 de la citada ley, el Minjus es la entidad competente para aprobar, implementar y hacer seguimiento al Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, con un enfoque humanitario.

“Resulta necesario que el Estado peruano cuente con un Plan Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas durante el periodo de violencia comprendido entre los años 1980 y el 2000, a fin de dar cumplimiento a sus obligaciones nacionales e internacionales frente a esta situación”.

La norma lleva la rúbrica de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, María Soledad Pérez Tello.

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