El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, consideró que la “muerte civil” para funcionarios involucrados en casos de corrupción también debe extenderse a cualquier ciudadano.
Lima, 27 Noviembre 2016, (ANDINA).- El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, consideró que la “muerte civil” para funcionarios involucrados en casos de corrupción también debe extenderse a cualquier ciudadano que participa en un hecho de esta naturaleza, a fin de evitar su ingreso a la gestión del Estado.
Al respecto, dijo que el Ministerio Público está de acuerdo con esta medida, aprobada por el Ejecutivo en octubre pasado, pues quien está condenado por el delito de corrupción, “no puede volver más al sistema público”.
“No solamente debe estar dirigido a los funcionarios, sino a cualquier persona, de tal manera que luego de la sentencia condenatoria por un delito de esta naturaleza, si dicho ciudadano pretende ir a la gestión pública, no pueda hacerlo”, afirmó en declaraciones a la Agencia Andina.
Sánchez Velarde refirió que si una persona cobra o paga una coima a un funcionario, y luego de tener una sanción, postula a un cargo en una entidad pública, “¿qué calidad moral puede tener para estar en la gestión estatal?”.
“El ciudadano que comete un delito y es condenado se puede rehabilitar y ya no aparece su condena. Entonces ese registro no es permanente, pero en el servicio público debe continuar apareciendo a fin de saber de estas personas”, explicó.
Precisó que este tipo de medidas permitirá “enderezar la conducta de las personas “en lo referido a actos de corrupción, aunque también debe darse importancia a la parte preventiva en escuelas y universidades.
“La idea es buscar el cambio de actitud de las personas, por ejemplo, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, elaboró un spot donde se explica cómo somos los peruanos y nos da una idea de modificar nuestra conducta”, agregó.
