Conga y Tía María son dos ejemplos de total desencuentro, odio, agresividad y violencia. Son dos casos emblemáticos de lo que no debe suceder en el Perú. Se pueden ensayar muchas explicaciones para entender cómo a partir de una propuesta de inversión de dos empresas mineras – Yanacocha y Southern- se produce un conflicto que alcanza dimensión nacional que estremece al país.
Conga y Tía María son proyectos mineros alrededor del cual hay dos fuerzas alineadas y confrontadas: los anti-mineros y los anti-anti mineros. Son dos propuestas intolerantes que se arrogan la representación de la mayoría de los peruanos. Las dos publican artículos, fotografías y videos en los que uno es víctima y otro es victimario. Los dos se acusan de tramposos. Los dos dicen defender el desarrollo -unos de la agricultura y otros de la minería-. Los dos dicen tener la razón y los dos dicen defender el medio ambiente y el desarrollo. ¿Hay algo de razón en cada uno de ellos? Entre el color negro y el blanco hay una infinidad de matices. Cuando el extremismo se impone, los matices desaparecen. El que expresa su preocupación por el Estudio de Impacto Ambiental es considerado anti-minero. El que sostiene que hay un segundo estudio avalado por el Estado es considerado pro-minero.
La realidad política, social, psicológica y cognitiva es que, como en las leyes de la física, los extremos se unen y terminan, multiplicando los problemas. Sin embargo, pareciera que en algo estuvieron de acuerdo los actores del conflicto de Tía María como antes en Conga: el dinero de la corrupción. Un dirigente y un abogado que dice que no actuó a nombre de la empresa Southern, negociaban un millón y medio de dólares para levantar el paro, dinero que sería repartido entre tres dirigentes.
Estamos en el tema de fondo: la corrupción que ha penetrado todo: al sector público y al privado; a los dirigentes sindicales y sociales; a los congresistas de la república y las autoridades locales, la PNP, el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación y el periodismo.
Desde que el «diezmo» se convirtió, prácticamente en ley entre los políticos que llegan al Estado y se instaló como parte de la política -«si no lo hago soy un tonto»- las consecuencias son la deslegitimación del Estado. Nadie confía. En el caso de la minería, se deslegitiman los Estudios de Impacto Ambiental que se modifican rápidamente sin estudios profundos y con maniobras burocráticas; se aprueban en Asambleas amañadas y donde los funcionarios del Estado y de las empresas -al alimón- buscan se imponga aquello que consenso resultado de explicación, reflexión, diálogo racional, técnico, social y político. Esos espacios de diálogo se convierten en campos de batalla en los que se asisten con consignas y violencia.
La corrupción ha convertido a los gobiernos y al Estado en un botín. Hoy, los jueces que estaban en la cárcel por colaborar con una de las mayores mafias del país están en libertad por el propio Poder Judicial que los protege. El ex Fiscal de la Nación, ha sido retirado del cargo por graves acusaciones de corrupción. Y al investigarse a la organización criminal más grande del país encontramos tráfico de oro, narcotráfico, apropiación ilícita de inmuebles, propiedades, dineros públicos y privados, interceptación telefónica, asesinatos, lavado de activos y otros crímenes destinados a cubrir otros crímenes pues cuando se cruza la línea ética y legal ya no hay retorno.
En Conga y Tía María se expresa el fracaso. Yanococha y Southern porque la primera con más de dos décadas en Cajamarca no supo ganarse el apoyo del pueblo. Southern, porque luego de cinco décadas no la quieren en Tacna, Moquegua y tampoco en la provincia de Islay. Los diferentes gobiernos nacionales por la corrupción de políticos y funcionarios de Estado. Los partidos nacionales porque en las regiones y localidades no existen. Los gobiernos regionales y locales porque dilapidaron el dinero de la renta minera en obras insubstanciales y en corrupción. La prensa, porque una parte de los que opinan recibe dinero directa o indirectamente, de las empresas. Las ONGs antimineras reciben dinero de otras ONG extranjeras. Los mineros informales financian a grupos violentos para impedir el ingreso de empresas formales que cumplen las leyes y pagan impuestos.
¿Todos somos responsables? En los hechos hay dos grandes responsables: las empresas que no han logrado ganarse la confianza de la sociedad por sucesivos abusos e incumplimientos de la ley y los grupos anti-mineros provistos de dinero del extranjero y de un falso ecologismo. Hay una responsabilidad general originada por el idiotismo moral y la pasividad.
Mientras la intolerancia y la corrupción prevalezcan, la violencia continuará porque ambas están en la raíz de la violencia.
