El Perú es un país minero desde hace más de dos mil años. Es la realidad histórica, geográfica, cultural, económica y social. Negar que el Perú es un país minero es como negar que Argentina es un país ganadero y productor de granos. Son territorios geográficamente opuestos. Grandes montañas versus pampas interminables. Marrón, negro, gris y blanco en enormes montañas y valles interandinos profundos, estrechos, insignificantes frente a los extensos valles de Argentina y sus escasas montañas comparadas con las del Perú. El resultado son vocaciones económicas diferentes resultado de las diferencias dadas por la naturaleza.
En el Perú, aunque parezca extraño se ha afincado una tendencia anti-minera encabezada por un pequeño grupo de profesores y defensores de los derechos humanos de formación académica que han logrado una pequeñísima aunque muy activa inserción en determinadas zonas mineras del país como Cajamarca, Cusco, Puno, Arequipa y algunas otras regiones pero con gran vocación para escamotear la realidad o pintarla de verdes ocultando el rojo. Pero nada más. Cuentan, sin embargo, con mucha prensa, financiamiento extranjero de ONGs de Canadá y países de Europa que profesan un radicalismo anti-minero que pretende desconocer la historia y la geografía del Perú. Existe el Día Internacional contra la minería canadiense financiado por ONGs canadienses.
Al frente de los anti-mineros se ha formado, desde hace ya más de una década, una posición anti-anti-minera que expresa una vocación intolerante como la de los anti-mineros. Los anti-anti-mineros provienen de empresas creadas por ex oficiales de la Marina de Guerra del Perú vinculados a antiguos servicios de inteligencia y algún personal activo; personas, además, que tomaron contacto y se aliaron a ex dirigentes políticos de la izquierda radical peruana de los años 70, 80 y de comienzos de los años años 90 del siglo pasado y cuya visión del tema minero está vinculada a una mirada antisubversiva resultado de su propia experiencia y trayectoria personal a la que han renunciado con legítimo derecho pero que pasaron de incendiarios a bomberos radicales.
Los anti-mineros, son pequeños grupos, además, vinculados a sacerdotes activos y ex sacerdotes, además de laicos radicales de parroquias católicas para los cuales la minería es el peor de los males. Han organizado ONGs que reciben financiamiento y que cuentan con medios de comunicación para generar noticias y levantar los temas en los que los “líderes” campesinos o profesores o ex terroristas convertidos en presidentes de Frentes de Defensa son víctimas de la las empresas mineras o protagonistas de un ecologismo radical que ha sido calificado, acertadamente, como “eco-fascismo” ya que su propuesta busca volver a una suerte de sociedad de la naturaleza. Los eco-fascistas están unidos por una vocación anti-capitalista y una suerte de sueño socialista en el que confluyen el paraíso verde con la sociedad sin clases.
Es preciso señalar, además, que entre los “anti mineros” radicales encontramos a presidentes regionales, consejeros regionales y alcaldes, además de regidores de algunas regiones y localidades que tienen negocios grandes con la minería informal y que son los que impiden la inversión minera formal porque se terminan los negocios en los que no pagan impuestos y no asumen los pasivos ambientales. Se ha formado una red de relaciones en las que cuentan con medios de comunicación regional, recursos y poder político.
En el otro extremo, los anti-anti-mineros ven detrás de cada anti-minero un subversivo. Las empresas de seguridad contratadas por algunas pocas empresas mineras atribuyen todos los problemas de la anti-minería a un discurso y una práctica de grupos subversivos en los que se encuentran Tierra y Libertad, MOVADEF, Patria Roja y el Etno-Cacerismo. La acusación de “terroristas antimineros” es un expresión de esta práctica y visión que empuja a los independientes mayoritarios a los brazos de los antimineros.
Es verdad que todos estos pequeños grupos políticos están en la actividad anti-minera y, es cierto, también, que reciben financiamiento externo y de la minería informal. Pero, el reduccionismo y la visión política tan pequeña, ha dado lugar a que la mayoría de los peruanos y de las comunidades campesinas que están a favor de la minería terminen empujados hacia el lado de los anti-mineros por la torpeza estratégica de los anti-anti-mineros y los errores del Estado y los sucesivos gobiernos.
Las encuestas, las investigaciones y el diálogo con los dirigentes de las comunidades campesinas y la mayoría de los pueblos demuestra que los pueblos están a favor de la inversión minera. Los pueblos quieren la minería porque significa recursos que las comunidades canalizan hacia el mejoramiento de sus condiciones materiales de vida; hacia la inversión en proyectos como mejoramiento genético de ganado y de pastos; educación y salud; pequeñas centrales hidroeléctricas; piscigranjas; siembra de quinua, café y otros productos andinos, además de una diversidad de proyectos que van desde agua y saneamiento, inversión en desarrollo urbano, espacios para la recreación y encuentro cultural –Plazas de Toros, etc.- así como otros proyectos de desarrollo.
Las comunidades campesinas y sus dirigentes, sin embargo, no reciben apoyo en la negociación con las empresas mineras y tampoco reciben asesoría luego de recibir dinero en efectivo de parte de las empresas serias porque hay de todo en este sector. Las comunidades y los comuneros reciben dinero pero no saben cómo, en qué, ni cuánto deben invertir, cómo asociarse para capitalizar los nuevos ingresos. Pocos meses después de recibir el dinero de las empresas mineras, la mayoría de comuneros se ha gastado el dinero en camionetas, televisores y otros bienes de escaso valor para la producción y el desarrollo familiar.
Los anti-mineros están más preocupados por ahuyentar la inversión minera que en asesorar adecuadamente a las comunidades campesinas. Y los anti-anti-mineros están más interesados en buscar métodos de interceptación telefónica, comprar a los dirigentes o denunciarlos como “terroristas anti-mineros” que llegar a la mayoría silenciosa de ciudadanos y comuneros que lo que buscan es una buena negociación para conseguir inversiones, trabajo, convertirse en socios de las empresas mineras y beneficiar a sus comunidades.
El Estado, al instalar las famosas Mesas de Diálogo, sin querer, logra algo que no está en sus planes: politizar la discusión. Para los anti-mineros, la presencia del Gobierno –del momento- es la oportunidad para crear Frentes de Defensa o fortalecer los existentes con el fin de introducir nuevos temas en las Mesas de Diálogo de tal forma que se convierten en un espacio para la demagogia, promesas, movilizaciones externas a los espacios de diálogo, y gran difusión de discursos demagógicos que conducen a una crisis sin salida en la que todos pierden. La estrategia de “perder-perder” estará garantizada mientras se mantenga esta dicotomía.
Es preciso romper esta dicotomía, esta tenaza en la que el ciudadano y las comunidades está atrapado. Cada lado de la tenaza (anti-mineros versos anti-anti-mineros) inhibe a los ciudadanos y comuneros o los empuja al discurso anti-minero por la intolerancia de los anti-anti-mineros que consideran a todo crítico como un potencia subversivo con lo que facilitan la labor de los anti-mineros.
Una nueva estrategia es necesaria en la que, en primer lugar se logre poner orden y, simultáneamente, se consiga que los que no tienen voz, logren tenerla de manera que los ciudadanos, las comunidades, los pueblos, las regiones y el país salen ganando.
El Estado y los gobiernos tienen un papel que cumplir.
En primer lugar es necesaria una campaña publicitaria que demuestre que el país es minero milenariamente. Campaña creativa y sostenida del sector público y privado. Esto debe hacerse en los centros educativos y en las universidades. Programas de TV en los que se trata técnicamente el tema minero son insuficientes.
En segundo lugar, se precisa que lograr que la voz de los comuneros y los dirigentes no politizados sean escuchadas. Ellos tienen mucho que decir: quieren progreso e inversión.
En tercer lugar, es preciso que las empresas que en el pasado han contaminado acepten la contaminación que produjeron y que fundamenten cuáles son las nuevas tecnologías que permitirán que esto no se vuelva a repetir.
En cuarto lugar, es preciso un liderazgo nacional y de los sectores con el fin de fundamentar en qué se sustenta la nueva minería, cuál es la nueva demarcación económica-territorial de tal manera que se entienda que hay regiones y localidades que tienen distintas vocaciones y que hay proyectos que tienen que realizar determinado uso de tecnologías.
En quinto lugar, hay que desterrar la corrupción en el Estado de tal manera que los Estudios de Impacto Ambiental y las leyes se cumplan de manera transparente.
En sexto lugar, es necesario asesorar a las comunidades campesinas ex ante, en su negociación con las empresas mineras con el fin de que logren los mejores resultados.
En séptimo lugar, se requiere asesorar a las comunidades campesinas ex post, después de conseguidos los acuerdos con el fin de que no se gasten los dineros obtenidos y logren su capitalización.
En octavo lugar, es requiere una labor de acondicionamiento territorial en los pueblos que nacen con la minería. Las nuevas ciudades carecen de planes de desarrollo urbano, infraestructura y equipamiento que las hace muy onerosas y duras en condiciones de habitabilidad.
En décimo lugar, se requiere que el Estado intervenga con el fin de realizar inversiones en lo anterior: infraestructura y equipamiento.
En décimo-primer lugar, es preciso que los anti-anti-mineros comprendan que el discurso duro, cerrado por el cual todo aquel que se opone o crítica a la minería se convierte en un anti-minero termina echando a los campesinos independientes a los brazos de los anti mineros.
En décimo tercer lugar, el Gobierno y el ministerio del Interior tienen que cambiar de actitud frente a la población porque, con su conducta, refuerzan la idea que el Estado se encuentra a favor de las grandes empresas mineras y todos los errores, abusos, desaciertos son aprovechados por los anti mineros.
No todos los que se oponen a la minería, entonces, son “terroristas anti mineros”. Son personas que tienen miedo por experiencias pasadas. Eso hay que entenderlo. Antagonizar y violentar ayuda la estrategia anti minera.
Cambiar la estrategia es fundamental. De lo contrario tendremos los mismos resultados que perjudican al país y a sus pueblos.
(*) Analista.
