La decisión de la justicia boliviana, de admitir la solicitud de extradición de Martín Belaunde Lossio, desvirtúa el argumento del detenido empresario, quien alegaba ser un perseguido político, opinó hoy el ex procurador anticorrupción, Luis Vargas Valdivia.

Explicó que una de las condiciones para haber declarado fundado el pedido de extradición es que Belaunde no esté procesado por un delito político-social, tal como lo entendió en su momento la Comisión Nacional del Refugiado de Bolivia (Conare), que denegó su solicitud de refugio.

“La Corte Suprema de Bolivia ha entendido que aquí no hay persecución política y que él es objeto de una persecución jurídica válida. Por eso, declaró fundada la extradición. Esta decisión refuerza la tesis de Conare de que no hay elementos para considerarlo un perseguido político”, señaló.

El letrado apuntó que, luego de admitida la solicitud de extradición, corresponde a la Corte Suprema de Bolivia remitir el cuadernillo al Poder Ejecutivo de ese país, para que este emita la resolución por medio de la cual se acepta y autoriza la entrega de Belaunde Lossio a las autoridades peruanas.

Una vez que el pedido sea oficialmente comunicado al Gobierno del Perú, la repatriación deberá concretarse en un plazo máximo de 96 horas, según el tratado de extradición vigente con Bolivia, precisó.

“Son cuadro días contados a partir del momento en que el Perú es comunicado oficialmente. Es un plazo más que razonable para que se proceda a la entrega de Belaunde Lossio”, refirió Vargas Valdivia, en diálogo con la Agencia Andina.

Además, detalló que las cancillerías de ambos países deberán efectuar las coordinaciones para que el empresario peruano sea repatriado a Lima, luego que sea entregado de manera formal a la Policía Nacional del Perú, lo que –según sus cálculos- se dará en cuestión de días.

Estimó que la defensa de Belaunde Lossio buscará llevar a cabo maniobras dilatorias para entorpecer la entrega, como la que se planteó ante el Tribunal Constitucional de Bolivia, luego que la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) declarara improcedente su pedido de asilo político.

“Podría entorpecer o retrasar la entrega, siempre y cuando el tribunal boliviano dicte una medida cautelar, para lo cual tendrían que ser precisados qué derechos constitucionales o fundamentales de Belaunde Lossio habrían sido vulnerados”, manifestó.

Si bien precisó que el pedido de extradición fue admitido por el caso “La centralita”, nombre dado al búnker donde se hacía chuponeo telefónico en Áncash, no existe obstáculo para que las autoridades peruanas puedan solicitar la ampliación de la extradición por otros ilícitos.

Además, el ex abogado del Estado indicó que sería pertinente que el Perú solicite que Belaunde Lossio sea derivado a un penal en La Paz, a fin de evitar un posible riesgo de fuga, puesto que el pedido de detención que pesa en su contra vencerá el próximo 21 de mayo.

“Él esta con arresto domiciliario y esto podría variar a una detención a partir del 21 de mayo. Con esta decisión de la extradición, las autoridades bolivianas tomarán mayor cuidado en evitar que él pueda darse a la fuga”, puntualizó.

La justicia de Bolivia accedió en la víspera al pedido de extradición del empresario Martín Belaunde Lossio, requerido por la justicia peruana debido a su presunta participación en el caso La centralita, que compromete al detenido ex gobernador regional de Áncash, César Álvarez.

Esta información fue dada a conocer por el diario «El Deber» de Bolivia, a través de su cuenta de Twitter.