La oficina de la Defensoría del Pueblo en Tumbes demandó a las autoridades del Hospital Regional II-2 José Alfredo Mendoza Olavarría “actuar con integridad en los procesos vinculados a contrataciones y adquisiciones”.

Lima, 15 Junio 2020, (ANDINA).- La oficina de la Defensoría del Pueblo en Tumbes demandó a las autoridades del Hospital Regional II-2 José Alfredo Mendoza Olavarría “actuar con integridad en los procesos vinculados a contrataciones y adquisiciones”, tras conocer denuncias por presuntos hechos de corrupción en ese establecimiento.

De acuerdo con las denuncias, en dicho nosocomio se habrían producido “condicionamientos económicos por parte de funcionarios del hospital a cambio de efectuar el pago a proveedores por los servicios brindados”, explicó la Defensoría en una nota de prensa.

Ante ello, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Tumbes exhortó adoptar las medidas pertinentes e inmediatas, en caso se reciban denuncias sobre presunta corrupción en materia de contrataciones u otros, para asegurar una intervención efectiva en el contexto de la emergencia por covid-19.

Asimismo, la entidad consideró necesario reforzar la interiorización de las medidas de integridad institucional en la ejecución de las contrataciones directas durante la pandemia.

Cotizaciones y proveedores

Se debe buscar más de una cotización con proveedores relacionados con el rubro del bien o servicio a contratar para evitar la sobrevaloración –añadió–. Además, se debe requerir que las cotizaciones incluyan información objetiva sobre la experiencia de los proveedores en el rubro a contratar.

De la misma manera, los responsables de la contratación deben verificar si los proveedores están habilitados por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), cuáles son sus principales clientes en el rubro relacionado al objeto contractual y la información que acredite su experiencia.

La Defensoría recomendó también identificar en el portal de declaraciones juradas de interés que los proveedores no se encuentren impedidos para contratar con el Estado, ni que su contratación genere alguna situación de conflicto de interés.

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