Los fiscales supremos Pedro Chávarry, Tomás Gálvez y Martín Hurtado, así como el exjuez supremo Aldo Figueroa, tienen un plazo de diez días para presentar su descargo.

Lima, 22 Febrero 2020, (ANDINA).- Los fiscales supremos Pedro Chávarry, Tomás Gálvez y Martín Hurtado, así como el exjuez supremo Aldo Figueroa, tienen un plazo de diez días para presentar por escrito su descargo ante el procedimiento disciplinario inmediato iniciado por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Según el reglamento de procesos disciplinarios de la JNJ, en su artículo 73, la resolución que abre procedimiento disciplinario inmediato contiene la identificación de la persona investigada o investigados.

Asimismo, los hechos y cargos que motivan la apertura del procedimiento disciplinario inmediato; y el requerimiento de apersonarse al procedimiento y presentar por escrito su descargo dentro del plazo de diez días.

Como se recuerda, el pasado 20 de febrero, la Junta Nacional de Justicia inició un proceso disciplinario inmediato contra tres fiscales y un juez supremos.

¿Por qué se abre este proceso?

El artículo 7 del reglamento de procesos disciplinarios de la JNJ, establece que “excepcionalmente” se puede prescindir de la investigación preliminar y disponer el inicio del procedimiento disciplinario inmediato por resolución del pleno “debidamente motivada”.

Por ello deberá cumplir con el supuesto de “una conducta notoriamente irregular con prueba evidente”, siendo que la comisión de esta infracción es susceptible de ser sancionada con destitución.

Además, el otro supuesto es cuando existe una flagrante falta disciplinaria muy grave, establecida por ley y que es “detectada en el momento en que se está ejecutando”.

Chávarry y Gálvez, ambos integrantes de la Junta de Fiscales Supremos, están vinculados a las investigaciones en contra de la organización criminal Los cuellos blancos del puerto.

Ambos fiscales supremos pidieron en varias oportunidades el retiro de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo especial Lava Jato, que conducen las investigaciones por lavado de activos y corrupción vinculados a las empresas brasileñas.

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