La Sala Penal Especial de la Corte Suprema dejó al voto la apelación presentada por Luciana León en contra de la orden de allanamiento en su vivienda.

Lima, 07 Noviembre 2019, (ANDINA).- La Sala Penal Especial de la Corte Suprema dejó al voto la apelación presentada por la defensa de la integrante de la Comisión Permanente Luciana León en contra de la orden de allanamiento en su vivienda en el caso Los Intocables Ediles.

Tras escuchar a la defensa de Luciana León y al representante del Ministerio Público, el presidente de la sala, Jorge Luis Salas Arenas, indicó que la decisión será notificada dentro del plazo de ley.

La defensa legal de Luciana León solicita que se dejen sin efecto las medidas limitativas dictadas contra su defendida, se anule el levantamiento del secreto de las comunicaciones y se le devuelvan los bienes y documentos incautados en su domicilio.

Argumentó que la Ley 27399, que establece criterios especiales para los altos funcionarios, se encuentra vigente y señala que pueden ser objeto de medidas limitativas previas a una acusación constitucional en el Congreso.

Fiscalía pide confirmar medida

La fiscal suprema, Jacqueline Elizabeth del Pozo, en tanto, solicitó a la sala confirmar la resolución que ordena el allanamiento en la vivienda de Luciana León y las medidas restrictivas en su contra.

La excongresista, sostuvo la fiscal, es investigada por presuntas acciones ilícitas en el ejercicio de su función para favorecer a la organización los Intocables Ediles, razón por la cual se inició una investigación preliminar por presunto tráfico de influencias y cohecho pasivo propio.

Sostuvo que existen hasta cinco declaraciones de colaboradores eficaces sindicando a Luciana León, testimonios que fueron corroborados con interceptaciones telefónicas a la misma implicada como a su asesora Betsy Matos Francos y a otros investigados.

Argumentó que los delitos por los cuales es investigada la integrante de la Comisión Permanente están comprendidos en una norma que adelanta la vigencia del Código Penal, por lo que las medidas restrictivas de derecho en la búsqueda de pruebas se encuentran vigentes.

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