La homologación judicial del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht le da al Perú una mejor posición para asegurar el cobro de la reparación civil a esa empresa.

Lima, 24 Junio 2019, (ANDINA).- La homologación judicial del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht le da al Perú una mejor posición para asegurar el cobro de la reparación civil a esa empresa, destacó la procuradora adjunta para el caso Lava Jato, Silvana Carrión.

“Definitivamente el acuerdo le da al Estado peruano una mejor posición para el cobro de la reparación civil”, manifestó en Cuarto Poder.

Según explicó, antes de la homologación judicial del acuerdo, el Estado peruano carecía de un título de deuda para exigir a la constructora brasileña el pago de la reparación civil.

“El Estado no tenía nada que lo legitimara como acreedor para decir a Odebrecht: oiga, págueme (…) Perú no tenía cómo cobrar la deuda porque no había un documento que dijera cuánto era la reparación civil y cómo se tenía que pagar”, subrayó.

Ahora, destacó, las autoridades peruanas cuentan con un título en el cual se ha establecido el monto de la reparación civil que Odebrech está obligada a pagar.

El acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht fue aprobado por el Poder Judicial el último martes luego de varios meses de revisión por la jueza María de los Ángeles Álvarez.

Dicho acuerdo, suscrito por el Ministerio Público y la Procuraduría Ad Hoc con la empresa Odebrecht, establece que esta compañía entregará toda la información sobre los sobornos que pagó en el Perú a altos funcionarios del Estado y políticos como soborno para conseguir contratos de obras públicas.

Asimismo, determina que deberá pagar más de S/ 610 millones por concepto de reparación civil al Estado peruano.

Carrión aseguró, además, que la declaratoria en insolvencia de Odebrecht de Brasil no pone en riesgo el pago de la reparación civil, pues el convenio de colaboración eficaz fue suscrito con la rama de la empresa constructora que no forma parte del holding brasileño.

La funcionaria destacó también que de no haberse aprobado el acuerdo, la Fiscalía no hubiera podido incluir en sus investigaciones, ni en los futuros pedidos de penas, la información proporcionada por Odebrecht.

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